Por: Fernando Posada Luego de casi cuatro décadas de que el gobierno colombiano le declarara la guerra a la producción, el comercio y el tráfico de drogas, la semana pasada el Presidente Santos le solicitó a la ONU algo que nunca uno de sus antecesores en ejercicio había sido capaz de pedirle a la comunidad internacional: que la política de la prohibición fuera replanteada o al menos modernizada. Desde sus comienzos, la guerra contra las drogas fue propuesta por Nixon con el único objetivo de eliminar definitivamente el negocio y el consumo de narcóticos ilegales, aunque nunca se acercó a lograr ese ideal. Y así como también ocurrió en su momento con la prohibición del alcohol en Estados Unidos, los índices de consumo año tras año aumentaron, mientras que la violencia alcanzaba algunos de los niveles más preocupantes de la historia, particularmente en las zonas donde de manera clandestina se llevaba a cabo la producción. A finales de los años setenta Colombia no fue una excepción frente a ese discurso, que cada vez tomaba más fuerza en el mundo. Pero el país corrió la mala suerte de que su ubicación estratégica en el globo y la falta de presencia estatal en sus regiones más apartadas le permitieron a los narcotraficantes crecer rápidamente e imponer un modelo económico ilícito en las zonas periféricas. En pocos años los mafiosos se convirtieron virtualmente en los dueños de departamentos enteros, en electores políticos y hasta en contribuyentes de campañas presidenciales. Para comienzos de la década de los 90, uno de los periodos más violentos en la historia de Colombia, la tasa de asesinatos alcanzaba las 80 personas entre cada 100 mil, mientras que Estados Unidos solo registraba una décima parte de esa cifra. Con sus drogas cotizadas en el exterior por cuenta de la política prohibicionista, los narcotraficantes iniciaron una guerra por el control territorial que terminó devastando al país y corrompiendo todas las capas de la institucionalidad. Fue precisamente el estatus de ilegalidad de las drogas lo que le permitió a Pablo Escobar consolidar su imperio mafioso y por varios años tener el monopolio de ese negocio. Si los grandes perdedores de la actual política antidrogas en el mundo fueran organizados en alguna forma de escalafón, Colombia sin duda ocuparía uno de los primeros lugares. El narcotráfico partió en dos la historia del país, agudizó la violencia e impuso entre la sociedad un estilo de vida basado en la plata fácil que difícilmente podrá eliminarse con los años. Y de manera desafiante, lo que demostraron los mafiosos colombianos (así como también los afganos y los brasileños) fue que por más de que un cartel sea derrotado, siempre llegarán nuevos y más astutos criminales buscando controlar ese negocio, aprovechando su principal característica: la ilegalidad. Por eso resulta incomprensible que haya quienes hoy recuerden los años de mayor intensidad del Plan Colombia con enorme nostalgia. Los casi 20 mil millones de dólares que Estados Unidos invirtió en Colombia sin duda aportaron a reducir la producción de coca, pero nunca lograron reducir significativamente la violencia en el país, ni diezmar el negocio de los mafiosos colombianos. La razón es muy sencilla: mientras exista la nefasta dupla conformada por el narcotráfico ilegal y la prohibición institucional, habrá siempre actores ilegales dispuestos a todo con tal de conseguir monopolizar esa actividad. El planteamiento de Santos pone sobre la mesa la preocupación de una nación que ha sufrido más que cualquier otra los estragos del narcotráfico. Sin embargo, es poco lo que Colombia puede lograr en ese campo si la iniciativa no es promovida por las potencias de este hemisferio. Porque es desde Europa y sobre todo desde Estados Unidos donde el timón del debate ideológico y académico frente a la legalización es manejado, desde el punto de vista de las naciones consumidoras-no productoras. Inmensa paradoja, si se tiene en cuenta que han sido los países productores los que realmente han puesto el saldo de sangre en esa guerra donde todos han sido perdedores. Pero a medida en que el mundo entiende poco a poco que el actual modelo de lucha contra las drogas ha fallado por donde se le mire, se acerca también un reto sin precedentes: la creación de una nueva política internacional de drogas, que no necesariamente implique el fácil camino de la legalización, que con seguridad también traería efectos nefastos para los países involucrados tanto en la producción como en el consumo. Hay quienes hablan de la despenalización y de la regulación, conceptos que sin duda traen nuevo aire al debate y bien podrían representar una alternativa para los países que buscan acabar con la violencia del narcotráfico, pero sin que ello represente abrirle las puertas al consumo descontrolado de estupefacientes a sus ciudadanos. De ser así, el remedio sería peor que la misma enfermedad. Y no olvidemos que el fenómeno del consumo crece cada vez más en Colombia.