La inseguridad y el porte de armas

El país entero está sumido en una de sus más profundas crisis de inseguridad ciudadana, evidenciada por el incremento acelerado de casos de fleteo, atracos y robos a mano armada que además dejan un creciente saldo de víctimas mortales.

Ya no solo es percepción de inseguridad, sino que se pasó a la realidad tangible y basta con hablar desprevenidamente con cualquier ciudadano. Todos conocen un amigo, un familiar, un vecino, o han sido ellos mismos víctimas de la inseguridad y cuando se llega a ese punto, la percepción desaparece. Es real!

Con base en esas cifras surgió la propuesta de tumbar el decreto que rige actualmente y que prohíbe el porte de armas en Colombia salvo para quienes constitucionalmente están autorizados para portarlas, o dicho en otras palabras, facilitar el porte y uso de las armas a particulares bajo el argumento de que no funcionan los planes de seguridad de las autoridades y que toca entonces armar a la sociedad civil para que actúe en legítima defensa.

Tema complejo desde todo punto de vista. Colombia es el quinto país en el mundo con mayor utilización de armas de fuego en la comisión de delitos, según un estudio de la Fundación Ideas para la paz. Expertos consideran que tener armas en el mercado es incrementar la violencia y advierten que la importación de armas de fogueo y armas traumáticas ha aumentado vertiginosamente.

En Colombia se calcula que hay unos cuatro millones de armas pero no se puede saber cuántas son ilegales, excepto cuando van apareciendo en la comisión de los delitos pero además falta regulación sobre el comercio local a lo que se suma una legislación internacional que está permitiendo el ingreso de armas de fogueo o traumáticas, todo ello sin contar que el 43% de armas en Colombia son hechizas (fabricación artesanal)

Con ese panorama, la propuesta de los uribistas dividió no solo a los mismo dirigentes del Centro Democrático sino que empezó a perder fuerza y respaldo en especial después de una declaración del expresidente Alvaro Uribe Velez, quien respaldó la medida del presidente Duque que se pretendía derogar.

Pero la reflexión sigue siendo válida, pues así como muchos ciudadanos desprevenidos consideran conveniente armar a la población civil para enfrentar la violencia y la inseguridad desbordadas, también se pronunciaron quienes lo ven con preocupación por los altos niveles de intolerancia que imperan en el país y los riesgos que una liberación al porte de armas indiscriminado facilitara armar a la misma delincuencia organizada.

La justicia por mano propia no es buena nunca; armar a los ciudadanos porque el Estado fue incapaz de brindarles seguridad es irresponsable y permitir que cualquiera pueda comprar armas como se compra el pan es peligroso y se perdería el control total sobre su manejo. La salida o la solución a los problemas de inseguridad que se vive en todo el país tiene que estar enmarcada por la constitucionalidad y las leyes.

Ya tenemos los colombianos una dolorosa experiencia cuando en algunas zonas del país los civiles se armaron para protegerse de la delincuencia y los grupos armados ilegales conformaron ejércitos particulares y causaron ríos de sangre producto de masacres, ataques indiscriminados y asesinatos selectivos, muchos de los cuales aún hoy siguen en total impunidad.