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cgonzalez

Por Dejusticia
 
Este sábado 19 de diciembre se celebrará en Florencia, Caquetá, la Audiencia pública ambiental para la modificación del Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG). Esta audiencia es uno de los pasos en el proceso de reanudación de la aspersión aérea que el gobierno Duque anunció desde campaña, ha promovido a través de sus ministros de defensa, e incluso ha solicitado a la Corte Constitucional que flexibilice las órdenes que tienen suspendido el Programa.
 
El PECIG, estrategia que se desarrolló en Colombia por muchos años, hoy está en un proceso de reanudación empantanado y enredado, que a dos años del gobierno Duque tiene aún las avionetas parqueadas. ¿A qué se debe la complejidad del proceso y qué relación tiene con los cambios de paradigma en la política global de drogas?
 
La audiencia del sábado hace parte de la implementación de la Sentencia T-236 de 2017, que puso condiciones estrictas para la reanudación del PECIG, que desde 2015 está suspendido en el país. Básicamente la Corte, reconociendo que hubo daños a la salud, al medio ambiente, y afectaciones a los derechos a la participación y consulta previa en medio de operativos en Nóvita, Chocó, exige que si se va a reanudar la actividad, debe haber una evaluación imparcial y objetiva el riesgo a la salud humana y los ecosistemas, y maneras de prevenirlo, mitigarlo, entre otros. En 2019, la Corte agregó además que antes de reanudar la aspersión, se deben primero implementar las políticas de sustitución voluntaria contenidas en el Acuerdo Final de Paz.
 
Todos estos obstáculos para la aspersión aérea no son simple capricho, sino que están fundamentados en el hecho de que es una estrategia muy costosa, con daños a la salud, el medio ambiente, y el desarrollo rural, y muy poco efectiva en el largo plazo. Cuando la fumigación estaba en auge - entre 1994 y 2015 - parecía haber consenso a nivel internacional sobre su pertinencia. Había muy pocas voces críticas en escenarios de la ONU, o en las relaciones bilaterales con Estados Unidos que mediante el Plan Colombia respaldaban y financiaban el glifosato.
 
Pero hoy esta es una estrategia criticada dentro y fuera del país, por mecanismos de derechos humanos de la ONU, expertos locales e internacionales, y por el mismo país que antes nos exigía fumigar, Estados Unidos. En la última década la visión sobre la política de drogas se ha transformado, pues pasó de un asunto de política que se consideraba desconectado del mundo de  los derechos humanos, y hoy no escapa esa visión. Algo que es lógico – que las acciones del Estado no causen daños inaceptables a sus ciudadanos – es un enfoque relativamente nuevo en las políticas de drogas, pero tiene que ver con algo simple: las estrategias para combatir las plantas ilícitas, al ser parte del sistema de Naciones Unidas, están sujetas también a los estándares de derechos humanos.
 
Las estrategias para reducir los cultivos ilícitos hacen parte de la política global de drogas, es decir, del cumplimiento de los tres tratados internacionales de la ONU, mediante los cuales los países se comprometen a eliminar la coca, marihuana y amapola para los fines no-legítimos, aquellos que no son médicos o científicos. Esto por supuesto ha dejado a Colombia en el ojo del huracán, y en medio de las guerras locales e internacionales contra las drogas.
 
Un desarrollo reciente que expresa este cambio es la publicación en 2019 de las “Directrices internacionales de política de drogas y de derechos humanos”. Este, un esfuerzo conjunto entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas contra el Sida (Onusida), en colaboración con el Centro de Derechos Humanos y Política de Drogas de la Universidad de Essex. Respecto a la fumigación con herbicidas, las directrices son claras, pues recomiendan específicamente a los Estados “prohibir la fumigación aérea de pesticidas, herbicidas y otros productos químicos como método para prevenir y erradicar los cultivos ilícitos para la producción de drogas, a menos que se demuestre que dichos productos químicos no representan un riesgo para la vida humana o el medio ambiente.”
 
Este desarrollo normativo internacional es resultado de años de pronunciamientos, alertas, denuncias e incidencia desde la sociedad civil y desde mecanismos de derechos humanos. En los años de Plan Colombia, y a propósito de los daños del glifosato tanto en territorio nacional, como en el lado ecuatoriano de la frontera, el tema fue abordado por mucho mecanismos de Nacionales Unidas, que abordan temas de niñez, alimentación, pueblos étnicos, sustancias tóxicas, y derechos humanos en su conjunto. Ningún órgano de los múltiples que componen el sistema de Naciones Unidas defiende la estrategia hoy en día
 
A nivel nacional, la Corte Constitucional ha empezado a incorporar estos precedentes internacionales en sus fallos sobre asuntos de drogas. Tal fue el caso para la Sentencia sobre consumo de drogas en espacio público, y también el Auto no. 387 de 2019, que hizo seguimiento a la decisión de no reanudar el PECIG. En ambos fallos, se hace referencia a las directrices internacionales, y a distintos derechos que son negativamente afectados por políticas de drogas basadas en el castigo.
 
Todos estos cambios revelan algo muy simple y poderoso: No todo vale en la lucha contra las drogas. No se pueden desconocer los impactos negativos de una economía ilícita en un territorio, pues a menudo implica el control, mediante la violencia, de actores armados ilegales, la disputa territorial, la corrupción de instituciones oficiales, entre muchos otros daños. Pero lo que es claro es que en nombre de eliminar esa economía ilícita no se deben causar aún más daños. La aspersión aérea con glifosato ha estado asociada a daños a la salud muy diversos que incluyen abortos, problemas respiratorios, dermatológicos, destrucción de medios de vida y cultivos lícitos, y en últimas, solo termina en el traslado de la coca a otros territorios.
 
A juzgar por las reuniones informativas que precedieron a la audiencia de este sábado, no hay ánimos ni apoyo para la fumigación entre las comunidades cultivadoras, lo cual no es una sorpresa. Estas comunidades campesinas, que le han apostado a la paz y la sustitución voluntaria, ven en el glifosato una amenaza a su supervivencia misma, pero además una terquedad inexplicable. Mientras este gobierno ha debilitado el programa de sustitución, argumentando que no hay recursos, de repente sí parece tenerlos para una estrategia costosa.
 
El sábado se medirá una vez más el pulso de la política de drogas del actual gobierno, anclada en el pasado, o las apuestas de la paz, con una vocación transformadora para los territorios donde ha habido coca. Esperemos que no aprovechen la navidad para tomar decisiones que puedan dañar a una generación entera. 


Isabel Pereira Arana, coordinadora de Política de Drogas en Dejusticia.
 

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