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Trece días después de la protesta social en todo el país, el gobierno acepta sentarse a negociar con el comité de paro. La decisión del gobierno se toma en momentos en que las cifras sobre muertos, desaparecidos y heridos en desarrollo de las protestas, los disturbios y los enfrentamientos no coinciden entre los distintos organismos que las revelan.

Las más difíciles de establecer con seguridad son las de los desaparecidos pues, a lo largo de cada jornada muchos de los que inicialmente se reportan en tal condición, reaparecen. Y en cuanto a las víctimas mortales hay una cifra base de 27 que es la reconocida de manera oficial.

Si a estas cifras, que son las más sensibles, se suman las de las pérdidas económicas de los distintos sectores de la producción, los daños causados a los sistemas de transporte masivo en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, solo por mencionar algunos; el vandalismo generalizado contra entidades gubernamentales, policiales o bancarias y la crisis por desabastecimiento de alimentos y combustibles, el anuncio del gobierno de querer negociar ilumina la salida del otro lado del túnel.

El tiempo es oro en estos momentos, más que en ningún otro, y fijar como primera medida condiciones puntuales para sentarse a negociar como la desmilitarización total de las ciudades y la suspensión inmediata de las marchas y las manifestaciones de manera que el país se reactive cuanto antes y permita a los negociadores de ambas partes proponer, discutir y hallar consensos.

Sigo pensando que si a este punto se hubiera llegado en los primeros días del paro se habrían evitado tantas muertes, tanta fuerza desbordada, tanta destrucción y tanto miedo. Es por eso que no se pueden dar largas a este momento.

Que durante las negociaciones no se olviden los balances. Hay que mantener viva la imagen de las víctimas que dejan esto días de revuelta incontenible. De todos y cada uno de los que murieron, como el capitán de la policía Alberto Solano Beltrán apuñalado en Soacha por evitar una acción vandálica; Lucas Villa, baleado en el viaducto Pereira-Dos Quebradas en una marcha pacífica; Santiago Murillo, en Ibagué, o Brayan Niño, en Madrid Cundinamarca.

Que se recuerden también los cientos de policías lesionados, según la institución y las miles de denuncias de violencia policial que reportaron distintas ONG y defensores de Derechos Humanos y que se tengan en cuenta además, las imágenes de terror que evidenciaron los excesos, el vandalismo o la ira desbordada de lado y lado. El campo de batalla en que terminaban convertidas las calles y avenidas escenario de las confrontaciones.

Y que no sea un diálogo de sordos. Que se escuchen la propuestas y se busquen las salidas que beneficien a todos por igual; que llegado el momento se tenga que ceder cuando los intereses generales primen sobre los particulares. Pero por encima de todo, que logrados los acuerdos se lleven a la práctica y se cumpla de manera diligente lo pactado.

El país ya demostró que no está dispuesto a contentarse con paños de agua tibia; entendió que la protesta social puede tumbar ministros y frenar la economía y será algo que volverán a usar y con más intensidad si no se cumple lo acordado en las mesas de negociación. Tendrá que encontrar, eso sí, la forma de proteger ese mecanismo de expresión popular, de los violentos, los desadaptados y todos los agitadores que solo buscan el caos y que son profesionales en la manera de infiltrarse y manipular a su antojo.

Las horas y los días que siguen a este anuncio del gobierno de estar dispuesto a negociar son vitales para que no se pierda el interés, el optimismo y las ganas de concertar porque ya la crisis social que estalló el 28 de abril ha tocado fondo y no puede seguir resistiendo indefinidamente.

Fuente

RCN Radio

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