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El país está en shock por los casos de abuso sexual a menores indígenas, pero la realidad va mucho más allá.

Me parece recordar hace unos 12 o 13 años, cuando en estricta aplicación de la defensa de los derechos humanos se escuchó hablar de menores de edad abusados sexualmente en la intimidad de sus hogares por sus padres, tíos, abuelos o vecinos.

Primero fue un caso que estremeció al país y luego se conoció otro más, y un tercero, cuarto y luego todos los demás. Afortunadamente nunca se volvieron paisaje pero llegó un momento en que parecía increíble que una realidad tan avasalladora hubiera permanecido como una práctica cultural por más de cien años, sin que se denunciara y castigara como lo que era: un delito atroz.

Algo similar está empezando a ocurrir cuando nos aproximamos al primer cuarto de siglo XXI, rodeados de alta tecnología, fortalecidos cada vez más en la defensa de los derechos humanos, en la protección de nuestros niños y con miles de ojos encima de conductas, que por muchos años permanecieron ocultas o visibles y permitidas como algo común, o ignoradas con total desinterés.

Aunque no es nuevo hablar de casos de niñas indígenas objeto de explotación sexual, de intercambio económico, de abuso, maltrato, ultrajes y vejámenes, los casos que esporádicamente se iban ventilando así como salían a la luz así también se desvanecían con el paso de las semanas.

Pero esta vez parece ser distinto. Las denuncias empiezan a tomar fuerza, en parte porque se están conociendo con diferencia de solo pocas horas así los casos hayan ocurrido hace dos, tres o más de ocho años.

En las últimas dos semanas la noticia de abuso a niñas indígenas por parte de miembros de las fuerzas militares se ha mantenido y ha desplazado a un segundo plano la pandemia del COVID-19, el desplome de la economía o el fortalecimiento del comercio electrónico en medio de la coyuntura.

Una niña embera violada por ocho soldados en Risaralda, dos niñas abusadas en situación similar en el Guaviare y dos más en Pizarro, Nariño. Horas más tarde se conoció que la Fiscalía investiga el caso de otras 13 menores de la comunidad nukak maku que habrían sido víctimas del mismo delito y el pasado fin de semana,  un reporte similar dio cuenta de 23 niñas y adolescentes del Guaviare que quedaron embarazadas por abuso sexual de militares entre 2008 y 2017.

Pero no son solo militares los que cometen estos atropellos, lo que tampoco debe atenuarles ni la responsabilidad ni el castigo. Pero hay más, muchos más grupos de victimarios que andan sueltos haciendo de las suyas sin que nadie los detenga. Agazapados, destruyendo vidas, destrozando sueños, enterrando ilusiones.

Esto es apenas la punta del iceberg y por eso las autoridades no deben ni detenerse, ni estancarse, ni justificarse solamente con las investigaciones y los juicios de estos pocos casos que han salido a flote en menos de un mes.

Tienen que avanzar, seguir buscando más casos de años anteriores. Escuchar y abrir las investigaciones de las nuevas denuncias que ojalá no se demoren en llegar porque estos casos fortalecen a las miles de mujeres que han callado por vergüenza, por miedo a ser revictimazadas, porque se sienten culpables, porque perdieron su autoestima.

Son mujeres, que al ver a que otras mujeres de su misma condición, han decidido dar la cara y señalar a sus agresores para que sean castigados, empiezan a tener valor para hacer lo mismo y a creer en que habrá justicia.

De cómo actúen las autoridades y de cómo opere la justicia dependerá el futuro de las indígenas que han sido atropelladas por muchos años y dependerá que el delito se castigue y se frene según las penas que apliquen para cada caso. No se puede ser débiles al impartir justicia en casos tan aberrantes.

Mujeres, niñas y adolescentes indígenas en condición de máxima vulnerabilidad esperan que se haga justicia y que cada vez sean menos los casos y más severas las penas hasta que recuperen su dignidad, sus derechos y su lugar de respeto e igualdad en nuestra sociedad.

Fuente

RCN Radio

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