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Mientras ocurre el Mundial de fútbol en Rusia, las noticias y sus consecuencias se van acumulando en Colombia.

Esta semana que termina se publicó el informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP) sobre el área de cultivos de coca en el país. El número de hectáreas aumentó en 11% durante 2017, llegando a 209.000. Eso no es todo. La capacidad de producción de cocaína creció en un 19%. Si bien es cierto que la organización reconoce el esfuerzo del gobierno colombiano, logrando 70.000 hectáreas erradicadas en el 2017, la realidad es que el país está inundado de coca.

La primera implicación es que las relaciones con Estados Unidos, el aliado de siempre, se seguirán "narcotizando". Además de la razón obvia, el aumento de los cultivos, también hay dos motivos políticos: está en la Casa Blanca el presidente Trump rodeado de republicanos de ala dura como su fiscal Jeff Sessions, que ha pedido, por ejemplo, pena de muerte para quienes estén vinculadas con el tráfico de drogas. Y del lado colombiano, el presidente electo Iván Duque, que fue crítico permanente del cambio de la estrategia en el gobierno Santos para combatir el narcotráfico.

Y justo cuando se discute sobre todo ello, un anuncio del gobierno Santos: el Consejo Nacional de Estupefacientes revive la aspersión con glifosato, pero ahora a través de un método que, aseguran, es menos nocivo para la salud y para el medio ambiente: con drones. Desde la Casa de Nariño Santos dice que "se han hecho una serie de planes pilotos que le han dado pie al ministerio de Salud y de Medio Ambiente para decir que cumple con las condiciones de salud y de medio ambiente para poderlas autorizar”. Esto importa porque, recordemos, la Corte Constitucional acogió el principio de precaución para suspender la fumigación aérea con glifosato. En la Sentencia T-236 de 2017 dice, entre otras cosas, que "Es imposible determinar si la aspersión con glifosato, sea aérea o terrestre, es la más adecuada para cumplir el fin propuesto por la actual política de lucha contra las drogas".

Ahora, ¿abrió la puerta la Corte en la sentencia para volver al uso del glifosato? Sí, porque luego, en la parte resolutiva en el punto 6, dice "La decisión que se tome (volver a usarlo o no) deberá fundarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente". Esta condición tiene solo una interpretación: la Corte dejó la carga de la prueba al Estado, es decir, es el Gobierno quien tendrá que demostrar que este nuevo modelo de aspersión con drones no hace daño, ni a la salud, ni al medio ambiente. ¿Sabe el gobierno con certeza científica que esta aspersión aérea con glifosato en drones NO causa daño ninguno? El ministro de defensa, defendiendo la nueva estrategia, dice que los drones “tienen la mitad de la concentración del veneno que tenían los aviones” y que eso quiere decir que “los riesgos para las personas y el medio ambiente son bastante mitigables”.

Por ahora, las primeras pruebas con glifosato en los drones comenzarán en los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare. Algunos expertos señalan que si bien es cierto que el glifosato reduce el número de hectáreas, también tiene otra consecuencia: aumenta el precio de la comercialización de la droga, lo que a su vez incentiva la tala y, claro, los nuevos sembrados. ¿Entramos entonces en un círculo vicioso de fumigación, erradicación y resiembra que no terminará nunca? Quedan otras preguntas. ¿Qué tanto influyó la presión de Estados Unidos para volver al glifosato?

¿Consultaron con la población de aquellas zonas antes de volver a la aspersión?

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