Por un servicio civil en tiempos de paz

Por: Fernando Posada

Siendo cada vez más cercana la posibilidad histórica de solucionar por las vías pacíficas un conflicto que se ha mantenido activo por cerca de un siglo, solo con periodos muy puntuales y cortos de paz relativa, cobra vigencia el debate sobre la transformación del servicio militar obligatorio y la creación de una figura de servicio civil.

En una nación golpeada por la violencia, la pobreza y la desigualdad, es apenas necesario y justo que el Estado exija que todos los ciudadanos pongan a su servicio su conocimiento y sus destrezas, con el objetivo de contribuir a la creación de un país mejor.

Sin embargo, un estudio recientemente publicado por la Defensoría del Pueblo revela que de los 79 mil jóvenes colombianos que ingresaron a las filas del Ejército para prestar el servicio militar obligatorio en el año 2014, el 91% no superaba los 21 años de edad en el momento de su entrada a las Fuerzas Armadas. El informe además arrojó otro dato contundente a la hora de analizar la realidad del conflicto armado colombiano: el 82% de los jóvenes que prestaron el servicio militar durante ese año provenían de hogares de estratos 0, 1 y 2. Por otro lado, los jóvenes de estratos 5 y 6 solo representaban el 1%.

Estos datos permiten entender que la población que ha puesto la cara por todos los colombianos desde las trincheras, los batallones y las estaciones más remotas, está compuesta por personas jóvenes, provenientes de estratos bajos. Pero sobre todo, deja claro que una gran cantidad de colombianos han hecho caso omiso a esa obligación de aportarle al país, puesto que no existe aún la opción de prestar un servicio directamente desde la ciudadanía.

Los criterios del reclutamiento no siempre son los más democráticos. Los jóvenes con mejores condiciones económicas logran evitar el ingreso a las Fuerzas Armadas, por medio del pago de las costosas libretas, y las mujeres, según la Ley 48 de 1993, solo deben hacer parte de sus filas de manera voluntaria. Pero esas excepciones a la prestación del servicio militar no solo son determinadas por el género y la capacidad económica: también cualquier ciudadano con discapacidades físicas tiene casi asegurado no ser aceptado, aún cuando demuestre estar interesado en prestarlo.

¿Acaso alega la ley que reglamenta el reclutamiento, que las mujeres son más débiles o menos aptas para hacer parte de las filas de las Fuerzas Armadas? ¿A qué clase de conceptos discriminadores se apega la política del servicio militar para asumir que una persona con una discapacidad visual o auditiva, por solo citar algunos ejemplos, no se encuentra en las condiciones necesarias para desempeñarse dentro de una labor en beneficio de su patria?

El actual esquema del servicio militar obligatorio es anacrónico por donde se le mire, pues el Estado no contempla una figura mediante la cual la ciudadanía pueda aportar a su propia nación, distinta a la de la corporalidad masculina. Resulta casi imposible enumerar la cantidad de maneras en que millones de jóvenes podrían servirle a su país a partir de sus campos de conocimiento. Miles de bachilleres, algunos de ellos tecnólogos o profesionales; ingenieros y humanistas, médicos y arquitectos, podrían destinar todo su saber a la reconstrucción de un país devastado.

Si Colombia decide dar el paso final hacia el fin del conflicto, será necesario replantear la manera en que la nación espera que los ciudadanos le sirvamos. Habiéndose reducido de manera significativa los índices de violencia en el país, los colombianos deberíamos tener la opción de viajar durante un periodo de tiempo definido a las zonas más afectadas por el conflicto y prestar un servicio social que nos incluya a todos.

Ya es hora de que el Estado se dé cuenta de que el grueso de su ciudadanía está en condiciones de aportar su conocimiento a Colombia, y que prestar un servicio va más allá de tomar un fusil.