En la mira, Abasticos del Valle y otros operadores de alimentación escolar

Por: Juan Manuel Ruiz y Fernando Posada

Un reporte de la Contraloría General de la República del año 2013 habla directa y textualmente de "La telaraña Abastico del Valle", cuya "red" había contratado solamente entre los años 2010 y 2012 más de 362 mil millones de pesos en alimentación escolar.

Inicialmente el documento de 13 páginas conocido por RCN La Radio con el nombre “Análisis de la contratación en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar” señalaba que en la modalidad de contratos por aportes se habían entregado cerca de 3 billones de pesos sin ningún tipo de concurso.

Para el año 2013, según el informe de la Contraloría, la corporación Día de la Niñez era el contratista más grande del ICBF, cuya representante legal era Ruth Camelo Cabuya, exfuncionaria de la entidad y con cédula de ciudadanía de Chocontá.

Para esa fecha, la Contraloría indagaba si la señora Camelo Cabuya tenía alguna relación con el entonces representante a la Cámara por Cundinamarca, José Joaquín Camelo Ramos, quien había sido concejal de Chocontá.

Posteriormente, según la página 12 del Análisis de Contratación del ICBF, realizado por la Contraloría, la telaraña de Abastico del Valle se ha conformado por distintas cooperativas y uniones temporales. Su representante legal, Pedro Julio Gómez, también figura como representante y representante suplente de las uniones temporales Luz de Vida y Alianza Para el Progreso, abarcando un total de contratos superior a los 362 mil millones de pesos.

Esta red, que abarca silenciosamente multimillonarios contratos en varias regiones del país, no solo maneja el negocio de la alimentación de menores. Con la lupa encima, la Contraloría señala que la Unión Temporal Alianza para el Futuro, recibió $116 mil millones en contratos para alimentación en las cárceles en ese mismo periodo. La Contraloría además señala en el citado documento que Noel Rodríguez, su representante legal, es socio de Pedro Julio Gómez.

Los contratos por aporte en su origen buscaban entregar los recursos a las propias comunidades, para su propia financiación. Pero esta modalidad terminó permitiendo que a dedo y sin concurso, uniones temporales sin experiencia, recibieran estos multimillonarios contratos.

Otro ejemplo es el caso de la empresa Fungescol, operadora de alimentos para menores de edad en Antioquia y Chocó, denunciada por la Ministra de Educación.

Fungescol registra ante la Cámara de Comercio un patrimonio cercano a los $20 millones de pesos, pero ha logrado recibir contratos por más de $10 mil millones. La precaria infraestructura de algunos operadores para atender a los menores de edad no fue un problema para quienes entregaban algunos contratos de aporte, pues igual siguieron siendo adjudicados, a pesar de denuncias repetidas de la Contraloría y la Procuraduría.

Ilva Myriam Hoyos, procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia explicó en RCN La Radio que en varias ocasiones la Procuraduría había señalado fallas estructurales en el programa, que estaban llevando a presuntos casos de corrupción y afectando a los menores.

"El tránsito del Programa de Alimentación Escolar del ICBF al Ministerio de Educación Nacional no fue planeado en debida forma. A juicio de la Procuraduría no se han adoptado medidas de fondo. Debe hacerse un ajuste radical a este programa de alimentación", sostuvo la procuradora delegada.

Esta semana, la Ministra de Educación anunció un cambio en el régimen de contratación para los operadores de alimentos escolares. Por medio de un decreto que sería emitido en los próximos días, se reemplazarán los polémicos contratos de aporte por licitaciones públicas. Estos cambios sin duda podrán beneficiar los procesos de transparencia y un mejoramiento del servicio en el Programa de Alimentación Escolar.

Pero los expertos en contratación señalan que cada vez más, es evidente la 'sofisticación de la corrupción', incluso en los concursos por licitación. La clave debe estar, según ellos, en que los encargados de la entrega de contratos conozcan bien las ofertas de los proponentes y sean responsables a la hora de elegir al operador ganador.

También la directora del ICBF, Cristina Plazas, denunció en los micrófonos de RCN La Radio que distintos políticos le han exigido cargos regionales en la entidad para sus allegados y que ella se ha negado.

Según señaló en el mismo debate, varias direcciones regionales la han amenazado con paros, por no ceder a sus demandas. En la grabación, hace referencia a la senadora Rosmery Martínez, del partido Cambio Radical, a quien se enfrentó durante el debate de alimentación escolar del pasado martes.

"La doctora Rosmery acaba de decir que ella fue a mi oficina y que yo no le daba puestos porque no había recursos. Lo que yo he dicho siempre es que a nadie le voy a dar puestos", señaló la Directora del ICBF.

Además, Plazas sostuvo que "definitivamente en la contratación existieron presiones de tipo particular y presiones políticas. (...) Estas mafias son más difíciles de derrotar que el mismo narcotráfico".

Siguen apareciendo los nombres de las personas y las firmas que están detrás del cartel de la alimentación escolar y de primera infancia. Quienes han promovido a esas mafias de la contratación son los líderes de estructuras políticas que por décadas han nombrado a sus allegados en cargos desde los cuales se manejan millonarios contratos y puestos.