http://media.rcn.com.co/audios/rcnradio/sismamujeres27agosto.mp3 Las fundaciones que se reunieron tanto con el Gobierno como con las Farc en La Habana, aseguraron que aceptan penas alternativas para los responsables de estos delitos, pero con privación de la libertad. Linda Cabrera subdirectora de la fundación SISMA MUJER, aseguró que las fundaciones defensoras de los derechos humanos que se reunieron con el Gobierno y con la guerrillas de las Farc en Cuba, están dispuestas a aceptar que los responsables de delitos de violencia sexual en el marco del conflicto, puedan pagar penal alternativas, siempre y cuando, estas se cumplan bajo detenciones intramurales. La propuesta que llevaron estas diez fundaciones a los encuentros que se desarrollaron en La Habana, es que dentro del modelo de justicia transicional que se aplicaría si se logra un acuerdo de paz, los responsables de este tipo de delitos obtengan rebajas y beneficios. "Nosotras como SISMA, sí creemos que debe haber una sanción para los crímenes sexuales por la gravedad de estos hechos y basadas en el principio de igualdad. Debe haber sanciones privativas de la libertad en el marco de una justicia transicional... Pero creemos en la importancia de una pena que envíe un mensaje claro a la sociedad, de que es un delito reprochable y que permita un proceso de rehabilitación real frente a ese tipo de violencia" dijo. La Subdirectora de SISMA MUJER precisó que dentro de los beneficios que obtendrían estas personas, estarían no sólo las rebajas de las penas, sino los lugares de detención. "Nosotros hablamos de una pena privativa de la libertad. Es decir, que no es una pena ordinaria, sino alternativa y que irían en un rango menor de años.... No creemos que los establecimientos tradicionales sean los únicos para que estas personas paguen, sino también las colonias penitenciarias por ejemplo" indicó. La activista indicó que las penas no pueden ser exclusivas de los 'cabecillas' y altos mandos de los actores armados involucrados en esos casos, sino que se deben individualizar para lograr resarcir a los afectados. "En este caso, se vinculan no sólo a determinados integrantes sino también a aquellos que por omisión permitieron que eso sucediera... Para las mujeres no tiene mucho sentido que se juzgue sólo al Secretariado y a la Cúpula de las Fuerzas Militares, sino que se judicialice y se castigue a todas las personas que hayan incurrido en estas conductas" precisó. Sostuvo que "la responsabilidad es individual y más que nombres de agresores hemos dado muestra de casos representativos. Nosotras hemos utilizado en los 183 casos, presentamos ante la Corte Constitucional, la comisión de estos hechos por parte de todos los actores armados... El estudio más reciente revela la ocurrencia de 443 casos y hemos dado un giro en ese reconocimiento a la dignidad y el restablecimiento de los derechos a las víctimas". Cabrera afirmó que lo más preocupante es que la mayoría de los actores armados, no reconoce la comisión de este tipo de conductas en las que miles de mujeres y menores han sido víctimas sexuales del conflicto en Colombia. "Nosotras no vemos un reconocimiento claro de ambas partes. Es muy curioso porque todos los actores armados asemejan mucho sus discursos y dicen que todos son casos aislados y niegan la existencia de violencia sexual evidente... Creemos que dejamos un mensaje muy claro en esa reuniones y que como producto de esta visita, pues ellos van a reconocer que violencia sí ha existido" precisó. Agregó que "Nosotras hemos presentado a las partes, que la violencia sexual en el marco del conflicto es un delito de lesa humanidad... Las secuelas a nivel personal y social genera unas condiciones de discriminación que vivimos en la sociedad y esto debe calificarse como un hecho grave y repudiable".