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El fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional advirtió de una intervención en Colombia si se aprueba el proyecto.

Los magistrados de la JEP
Los magistrados de la JEP.
Colprensa

La Comisión Primera del Senado hace un nuevo intento de discutir la reforma presentada por Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras para modificar la JEP y diseñar un tratamiento especial sobre el juzgamiento de los militares.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien hace presencia en la sesión, aún no logra un acuerdo con los demás partidos, sobre todo los de oposición, para sacar adelante esta iniciativa.

Las advertencias hechas en las últimas horas por el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, James Kirkpatrick Stewart sobre la posible intervención en el país si se aprueba este acto legislativo, ha llevado a varios congresistas a desistir de un consenso y promover su hundimiento.

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El senador Roy Barreras aseguró que “resulta imposible perseverar en un acto legislativo que deje viva la posibilidad de un tribunal militar que ha sido anunciado como la pre-condena de nuestros militares, porque es una clara invitación a la intervención de la Corte Penal Internacional y nosotros no podemos dejar a las Fuerzas Militares con semejante amenaza”.

El senador Rodrigo Lara afirmó que no será responsable de una posible intervención de la CPI en el país.

Yo no voy a hacer parte de esos congresistas de Colombia que entregaron a sus militares a la Corte Penal Internacional y yo espero que no caiga la tacha y deshonra histórica sobre el gobierno de Iván Duque, de haber entregado sus militares a la Corte Penal Internacional”, dijo.

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El senador Gustavo Petro también advirtió que no se puede permitir una violación de los derechos de las víctimas, que genere la intervención de ese organismo internacional de justicia.

“Colombia no se puede salir de la Corte Penal Internacional, son fallos que van a ser juzgados en el mundo, eso es lo que va a ocurrir si se abre esta puerta. No se puede crear ese peligro sobre Colombia, sobre las Fuerzas Militares y ningún sector de la sociedad colombiana, preservando la posibilidad de la paz”, manifestó.

No hay condiciones para llegar a un acuerdo, entiendo las presiones y la intención que tuvimos de acercarnos, pero cuando se trata de dinamitar la verdad, el Congreso le estaría entregando a la Corte Penal Internacional la posibilidad de intervenir en Colombia”, indicó.

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Por su parte, la senadora Paloma Valencia exhortó a los congresistas a no dilatar más la discusión del proyecto.  

“Yo veo que el senador Roy Barreras ya dio la vuelta y está pidiendo el archivo del proyecto, yo por eso quisiera que seamos más organizados en esto. Quisiera saber si queda alguien con ánimo de hacer acuerdo o no, porque si no hay ánimo, no vale la pena seguir en esta discusión”, manifestó.

El posible aumento de la planta de magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz, tiene algo de consenso entre los congresistas, pero no sucede lo mismo con la propuesta del uribismo de cambiar el régimen sancionatorio para la Fuerza Pública y la exigencia de la oposición de hacer obligatorio su comparecencia ante la Comisión de la Verdad.

Algunos legisladores insisten en que se debe tramitar una ley estatutaria que mejore las garantías jurídicas de los militares que acudan a la JEP, sin necesidad de tocar la norma constitucional.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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