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El Consejo Gremial Nacional y en nombre de los 30 gremios que lo conforman, presentó su posición frente a la inclusión del artículo 68 sobre injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos incluido en la Ley Anticorrupción.

Los gremios consideran que el artículo constituye una violación a la Constitución política colombiana, toda vez que incita a la censura y desconoce el derecho que tienen las personas y los medios de comunicación de rectificar en condiciones de equidad. 

En ese sentido, afirmaron que el artículo impone una barrera a que las personas de manera libre puedan denunciar cualquier irregularidad y desnaturaliza los derechos que tiene la ciudadanía de ser veedores públicos.  

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Desde el Consejo Gremial Nacional no estiman conveniente la propuesta aprobada en último debate del referido proyecto, que introduce medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.

Adicionalmente, señalaron que “resulta excesiva la pena que propone incluir el artículo ante la comisión de dichas conductas, puesto que la norma actual para cada uno de estos delitos prevé como pena principal prisión de 16 - 72 meses para la calumnia y 16 a 54 meses para la injuria, a diferencia del artículo propuesto, el cual establece una pena de 60 a 120 meses de prisión solo por el hecho de que el afectado sea un funcionario público o su familia”.

De otra parte, los gremios aseguraron que “el artículo propuesto elimina la posibilidad de que procedan los subrogados penales para dicha conducta, los cuales son medidas sustitutivas de la pena de prisión, que se conceden a individuos que han sido condenados, siempre y cuando, se cumplan los requisitos establecidos por el legislador”. 

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Con base en lo anterior, el Consejo Gremial Nacional “no encuentra razonable la disposición votada en plenaria de Cámara, considera que puede utilizarse para afectar la libertad de expresión respecto al ejercicio de la función pública”. 

Los empresarios concluyeron que “este artículo crea un precedente negativo en el ejercicio libre de los derechos democráticos a la libertad de opinión y a la libertad de prensa, poniendo en riesgo la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación de informar y de difundir la realidad actual por la que atraviesa el país”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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