Asociación de Medios califica de irónico artículo de Ley Anticorrupción que atenta contra libertad de prensa

El director de la Asociación  de Medios de Información (AMI), Werner Zitzmann, se refirió al artículo incluido en la ponencia para segundo debate del proyecto de Ley Anticorrupción, que busca condenas y multas para quienes injurien o calumnien a funcionarios y exfuncionarios públicos.

En diálogo con RCN Radio, Zitzmann señaló que "pareciera que se tratara de querer institucionalizar y legalizar una práctica en la que ganará el que tenga más recursos para aplacar al otro. La pelea entre corrupción y periodistas ya se sabe quién la puede ganar  y lo más irónico es que  se pretenda institucionalizar a través de un proyecto de Ley Anticorrupción".

Agregó que "entre más fuertes sean las posibles consecuencias para periodistas o quienes denuncien hechos que el denunciado pueda calificar como injuria o calumnia, pues más fuerte es la capacidad de inhibir para que lo piense dos veces antes de hacerlo. Ese es el acoso judicial, eso lo conocemos y está inventado, lo único que se necesita es plata para poder ejercerlo".  

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El director de la AMI sostuvo que "normalmente cuando hay hechos torcidos eso viene con presupuesto. Esto es para dejar claro que el que se meta con ellos se debe atener a las consecuencias, mientras que si estamos frente a funcionarios públicos que obran correctamente y tal vez hay un periodista que se equivoca en una filmación, para eso ya hay normas y simplemente tendríamos que acudir a la justicia para hacerlo".

Finalmente, manifestó que "extender las sanciones a periodistas que incurran en injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos como lo busca este artículo, no huele bien".

Cabe mencionar que el artículo que hace parte del proyecto de Ley Anticorrupción, propone una pena de 10 años de prisión y multas de 1.359 millones de pesos contra quienes profieran injuria o calumnias contra funcionarios públicos.  

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De la misma forma establece que los periodistas sean juzgados con mayor severidad por denunciar hechos de corrupción, en los que los protagonistas son funcionarios y exfuncionarios públicos.