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Alberto Brunori.
El representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU, Alberto Brunori.
RCN Radio

Atendiendo una propuesta de Pacto Social por los Derechos Humanos de la Oficina de Naciones Unidas, los cinco aspirantes presidenciales se comprometieron públicamente a proteger y garantizar estos derechos e impulsar la inclusión política, económica y social en zonas de conflicto y la implementación de los acuerdos de paz, en caso de ser elegidos.                        

El representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU, Alberto Brunori, dio a conocer los documentos firmados por Iván Duque, Gustavo Petro, Germán Vargas, Sergio Fajardo y Humberto de La Calle.

En el acta firmada, la Oficina pide a los candidatos su compromiso “para evitar el asesinato de líderes, de lideresas rurales y de defensores de derechos humanos, una verdadera inclusión política, económica y social en el país”.

Brunori dijo que con este pacto “es evidente que el próximo Gobierno, cualquiera que sea, enfrentará múltiples retos al llevar ese compromiso a la práctica; pero esto no debe desalentarlos, más bien lo contrario”.

La Oficina de ONU Derechos Humanos, propone a los aspirantes presidenciales cuatro ejes “como puntos de partida ineludibles para el mejoramiento de la situación de derechos humanos en el país”:

1.- Combatir la impunidad.

2.- Brindar garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

3.- No perder las oportunidades que ofrece la construcción de la paz en Colombia para consolidar un poder estatal respetuoso de los derechos humanos.

4.- Brindar seguridad y proteger derechos.

Brunori reconoció “el compromiso formal que todos los candidatos han manifestado en relación con las obligaciones internacionales del Estado colombiano".

Y subrayó: “Quien sea elegido tendrá la responsabilidad de materializar ese compromiso y de llevar el pacto a la práctica, mediante sus planes de gobierno”.

Reafirmó también “la voluntad y compromiso del Alto Comisionado de seguir trabajando en Colombia con el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional para contribuir a la mejora de la situación de los derechos humanos en el país”. 

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