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Según la Fundación Paz y Reconciliación, hay 98 candidatos cuestionados para estas elecciones regionales.

Riesgo electoral
Cortesía La FM

Un informe preliminar presentado por la Fundación Paz y Reconciliación reveló un panorama bastante preocupante sobre los riesgos que tienen las elecciones regionales que se llevarán a cabo en el mes de octubre en todo el país.

Según la información que han podido recopilar en terreno, hasta el momento se tiene conocimiento de 98 candidatos que están siendo cuestionados por hechos ilegales como corrupción, o vínculos con grupos ilegales.

Pero lo más grave, según indicó Ariel Ávila, investigador de la ONG, es que grupos ilegales y carteles del narcotráfico tienen infiltrado el proceso electoral en más de 100 municipios.

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Hay unas zonas, en 106 municipios, donde llamamos la atención por la vinculación de organizaciones criminales en la financiación de campañas. En el caso del Bajo Cauca Antioqueño los candidatos en Tarazá, en Cáceres, en Valdivia, requieren autorización de grupos armando, así como en el caso del norte del Valle, incluso, hay estructuras de carteles mexicanos que están detrás de esto”, indicó Ávila.

“Hemos encontrado en el Bajo Cauca una estructura que se hace llamar Los Mexicanos y una cosa que se llama Caparrapos. En el caso del norte del Valle, que ya han asesinado cuatro candidatos, son narcotraficantes directamente. Y en el caso de la costa pacífica colombiana, encontramos el Clan del Golfo”, añadió el investigador.

La Fundación Paz y Reconciliación indicó que también les preocupa que heredederos de estructuras ilegales y de la parapolítica, tengan opciones reales de volver al poder.

“Hay un total de 98 candidatos cuestionados que se dividen de la siguiente forma: 53 por casos delicados de corrupción, 38 por estar involucrados en investigaciones por relaciones con grupos paramilitares o ser herederos de estructuras de la parapolítica y hemos encontrado 7 candidatos que están financiados o apoyados por organizaciones criminales”, indicó.

Dijo además que dichos aspirantes están utilizando métodos como las firmas, para pasar de agache en medio de este proceso. “Estos candidatos cuestionados han privilegiado los movimientos por firmas para presentar sus candidaturas, como la hija de Kiko Gómez, que va a la Asamblea de la Guajira por un partido de firmas y también han privilegiado las famosas coaliciones para dispersar las culpas”, manifestó.

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También cuestionan una maniobra ilegal que se estaría implementando para la financiación de las campañas políticas, la cual han denominado como un nuevo Odebrecht, y que consiste en la firma de convenios entre el Estado y algunas empresas, que a su vez contratan compañías de papel para poder utilizar esos dineros.

León Valencia, director de la fundación, también habla de la consolidación de alrededor de 50 clanes políticos que funcionan en varias   regiones del país.

“El clan muchas veces tiene vinculación con fuerzas ilegales, otras veces no, pero es la consolidación de unos grupos políticos que hacen que los partidos sean sus rehenes, para que en el fondo tengan que pactar con ellos para poder aspirar en las elecciones”, manifestó.

La Fundación Paz y Reconciliación también le prestará especial atención a las denuncias que existen por compra y venta de avales, que ha convertido la política en un negocio completamente lucrativo.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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