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RCN Radio

El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, aseguró en diálogo con RCN Radio que a la corporación han llegado más de 700 reclamaciones que piden el reconteo de votos, por las elecciones a Congreso que se adelantaron el pasado 11 de marzo.  Los magistrados deberán repartirse las solicitudes por sorteo.

Según el magistrado, ya se ha entregado casi que la totalidad de las credenciales a los congresistas electos para la Cámara de Representantes, por lo que la mayoría de las reclamaciones para el reconteo se han presentado por el Senado.  

“Aunque hay un volumen muy alto de reclamaciones, muchas veces el contenido de las mismas no cumple con los requisitos para ser estudiadas, por esto después del miércoles cuando se cerrará el escrutinio formalmente, se iniciará el análisis de las mismas”, expresó Novoa.

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Armando Novoa

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El magistrado del CNE aclaro  que “el estudio de estas reclamaciones tiene una fecha límite y eso es antes de la instalación del Congreso, que es el próximo 20 de julio”.

Novoa manifestó que en este momento el CNE tiene un equipo reforzado de personal teniendo en cuenta que el trabajo de realizar el escrutinio es bastante dispendioso, sin embargo aceptó que son bastantes las solicitudes de reclamación que en tiempo record deberá resolver la Sala Plena de la corporación. 

Armando Novoa advirtió además que “cualquier error por parte del CNE tiene repercusiones muy graves”.

El magistrado explicó que las reclamaciones que son presentadas ante esa corporación tienen diversas causales de revisión, según lo  estipulado en el código electoral, al explicar que muchas veces los reclamantes cometen errores y en esos casos no hay otra opción que “desestimar las reclamaciones”.

“Muchas de las reclamaciones son de aquellos candidatos que han perdido la contienda electoral y consideran que pudo  haber alguna irregularidad en los escrutinios”, puntualizó Novoa.

Indicó que las 700 reclamaciones deberán ser repartidas entre ocho de los nueve magistrados del organismo electoral, ya que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Yolima Carrillo, debe ser excluida de este proceso por asuntos administrativos.

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