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El Gobierno solicitó una prórroga para cumplir con las obligaciones de la Convención de Ottawa.

Foto referencia minas antipersonal.
Cortesía AFP

El alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, presentó las razones para pedir una nueva prórroga del compromiso del país para acabar con las minas antipersonal.

El pedido se hizo en la sesión virtual de la reunión intersesional de la Convención de Ottawa, que se realiza a partir de este martes y hasta el  al 2 de julio en Ginebra, Suiza.

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Según manifestó el comisionado Ceballos, "entre 2001 y 2010 el país únicamente contaba con intervenciones en cuatro municipios. Actualmente, de los 720 que presentan algún nivel de contaminación por estos artefactos explosivos, Colombia cuenta con 156 municipios en intervención y 404 declarados libres de sospecha de minas antipersonal".

El alto funcionario indicó además ante la Convención que, “estos avances han permitido un despeje acumulado de más de seis millones de metros cuadrados y la destrucción de 3.733 minas antipersonal de naturaleza improvisada. Este despeje representa un impacto directo en más de catorce millones de habitantes de los municipios declarados libres de sospecha de minas antipersonal, lo que corresponde aproximadamente a 30 por ciento de la población colombiana”.

Esta solicitud busca hacer efectivo el Plan Operativo de Desminado Humanitario 2020-2025, que propone, como meta la limpieza, "más de ocho millones de áreas peligrosas confirmadas, de los 156 municipios donde se adelantan intervenciones de desminado humanitario".

Cabe recordar que el país remitió la solicitud de extensión establecida en el Artículo 5, "por un periodo de 4 años y 10 meses", comprendido desde el primero de marzo de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025.

Ceballos sostuvo que "los retos para Colombia en la descontaminación del territorio dependen de la ubicación y limpieza de las minas antipersonal de naturaleza improvisada, las exigencias de las condiciones topográficas y climáticas del país, los grupos ilegales que siguen instalándolas y la sostenibilidad financiera de las operaciones de desminado humanitario”.

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El Comisionado para la Paz recordó que el año pasado, el Gobierno asignó recursos "para el desarrollo de una metodología en Educación en el Riesgo de Minas dirigido a comunidades étnicas, por valor de 280.000 dólares, que corresponde a una inversión de 28 % del presupuesto nacional, beneficiando a más de 15.000 personas". Mientras que para este año, "se aumentaron los recursos a 360.000 dólares equivalentes a una inversión de 22 por ciento de dicho presupuesto", apuntó.

Prórroga

Según informó el Gobierno, la solicitud de prórroga fue remitida, en el mes de marzo, al Comité de Implementación del Artículo 5 de la Convención, la cual "prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal e insta a los diferentes Estados a destruir los artefactos de este tipo que tengan en su territorio, como parte del proceso de preparación para la Decimoctava Reunión de Estados Parte, que se celebrará en noviembre de 2020".

Ceballos informó que, en materia de afectación para comunidades sensibles a esta problemática de las minas antipersonal, "a mayo de 2020, 404 indígenas han sido víctimas de accidentes por minas antipersonal. De estos, 148 eran menores de edad, y del total de víctimas, 30 %".

Por lo anterior, explicó que “Colombia ha desarrollado históricamente más de 16.000 actividades de Educación en el Riesgo de Minas, beneficiando a 500 mil personas, de las cuales un 20 por ciento corresponden a las comunidades étnicas”.

El Ejecutivo tiene proyectado invertir más de 146 millones de dólares, es decir una asignación anual por más de 48 millones de dólares para el sostenimiento de las operaciones de desminado humanitario, desde este año y hasta el 2022.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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