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Las representantes a la Cámara del Centro Democrático Margarita Restrepo y María Fernanda Cabal negaron su responsabilidad en los señalamientos de la Fiscalía General, que las menciona en las investigaciones por delitos electorales cometidos durante las pasadas elecciones legislativas.

Margarita Restrepo afirmó que hace unas semanas denunció por estafa a Alejandro Cuartas, quien se hacía pasar por uno de los promotores de su campaña en Bello (Antioquia).

Según las informaciones, el supuesto gerente de campaña en esa región ofrecía falsos planes turísticos a las personas por cambio de votos a favor de la congresista.

Por su parte, la representante María Fernanda Cabal catalogó de irresponsable al fiscal Néstor Humberto Martínez.

“Qué irresponsable señor fiscal Néstor Humberto Martínez, señalarme como parte de una ‘red’ que indujo a electores a votar por mí, entregando 200 mil pesos en sobres como los mafiosos!! Mi voto es de opinión, NO TENGO contratos ni mermelada con el Estado", indicó en su cuenta de Twitter.

El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, le pidió al Fiscal General revisar a fondo las causas por lo que son acusados a los actuales representantes a la Cámara.

"Yo le hago un llamado al país para que revise bien la noticia porque lo que puede ser una infracción bagatela, no puede convertirse en un grave delito", indicó Rodrigo Lara.

Afirmó que "hay una ley muy mal hecha que básicamente asimila la no declaración de unas empanadas o de un ponqué o comida, con un grave delito electoral. Lo que yo entiendo es que los fiscales y jueces tienen ese material, esas leyes 'estúpidas' aprobadas en el Congreso de la República y los obligan a actuar; entonces hay delitos electorales graves y hay delitos electorales bagatela".

El representante Conservador Arturo Yepes le pidió al Fiscal General en plenaria que trate a todos los congresistas con el mismo rasero y no seleccionando partidos políticos. 

Arturo Yepes indicó que existen varias denuncias evidentes de delitos electorales contra congresistas electos que no han sido investigadas.

"Qué pasó con el vehículo que descubrieron en el municipio de Anserma (Caldas) con más de 400 millones de pesos en efectivo para comprar votos. O qué pasó con la conversación de WhatsApp donde los líderes del Mira ofrecían 15.000 pesos por voto pagaderos con un anticipo con la inscripción y luego los otros 15.000 con el certificado electoral identificado el autor del delito", indicó el congresista conservador.

Y añadió: "Qué pasó con la reunión publicada en el propio perfil de red social de un candidato al Senado en el que le ordenaba a los empleados hacerle reuniones y poner una cuota de votos como gratitud por haberlos ubicado en puestos públicos".

Fuente

Sistema Integrado de Información

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