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El Gobierno pidió acelerar el trámite de estas iniciativas en la última semana de la legislatura.

El Congreso de la República, en Bogotá
El Congreso de la República, en Bogotá
Foto de Colprensa

Las Comisiones Primeras de Senado y Cámara fueron convocadas para estudiar el proyecto de ley que presentó el Gobierno en conjunto con la Fiscalía, con el que se pretende castigar severamente los hechos de corrupción en el país.

La iniciativa, que endurece las sanciones penales y crea nuevas inhabilidades, tiene mensaje de urgencia y hace parte del paquete de normas que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, pidió priorizar en la última semana de la legislatura.

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“Tenemos a un debate la aprobación de pliegos tipo en plenaria de Cámara de Representantes, nos falta el último debate en plenaria de Senado para la eliminación de la casa por cárcel para corruptos y tenemos pendiente la aprobación del proyecto presentado conjuntamente con la Fiscalía, el Gobierno y partidos políticos sobre modificaciones a procedimiento penal y extensión de inhabilidades para corrupción en el sector privado”, dijo la ministra.

Luego de este llamado, el Congreso buscará darle celeridad a estos proyectos para combatir la corrupción.

El presidente de la Comisión Primera de Senado, Santiago Valencia, dijo que “luego de varios meses de deliberación, los ponentes y la comisión accidental creada para estudiar el proyecto de ley anticorrupción que se hundió penosamente el periodo pasado en el Congreso esperamos lograr un acuerdo de todos los partidos para poder avanzar en la aprobación en primer debate”. 

Valencia aclaró que la iniciativa no se hundirá si no se aprueba antes del 16 de diciembre y podrá continuar su trámite en el Congreso el próximo año.

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“Como es un proyecto de ley ordinario no tiene ningún problema y podría seguir su trámite en plenarias en las sesiones ordinarias que siguen después de marzo”, añadió.

Se espera que esta misma semana la plenaria del Senado pueda discutir en último debate un proyecto de ley encaminado a eliminar el beneficio de la casa por cárcel para quienes cometan delitos contra la administración pública.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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