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El Consejo Gremial Nacional, que agrupa a los 21 sectores de la producción del país, señaló que 26 de sus 27 miembros, excepto Acopi, expresaron su preocupación por los efectos adversos que generaría para la economía y para los ciudadanos, el proyecto de ley denominado 'borrón y cuenta nueva', que busca establecer una amnistía en favor de los deudores reportados en las centrales de riesgo.

Según los gremios, de aprobarse esta iniciativa se incentivaría el llamado 'gota a gota', ya que se encarecería el acceso al crédito.

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"Se contraería y encarecería la colocación de créditos y la prestación de bienes y servicios en el mercado, impidiendo que muchos ciudadanos y pequeñas empresas, que hoy pueden acceder al crédito, gracias a su buen comportamiento, pasen a estar impedidos para acceder al crédito formal pues no contarían con suficientes garantías para respaldar sus préstamos. Si se insiste en este Proyecto de Ley, la población colombiana quedaría aún más expuesta al crédito informal”, indicaron las agremiaciones.

En ese sentido, los gremios hicieron un llamado al Congreso a no aprobar dicha iniciativa. “Por las razones expuestas, el Consejo Gremial Nacional hace un respetuoso llamado al Congreso de la República, y ofrece su colaboración, para encontrar distintas alternativas encaminadas a promover el acceso de la ciudadanía al crédito formal".

Indicó que "no debe perderse de vista que el país está atravesando por una emergencia sanitaria, económica y social que requerirá de un apalancamiento en el otorgamiento de crédito para poder impulsar la reactivación económica de miles de empresas y ciudadanos. La difícil situación que vive el país nos obliga a todos a actuar con un gran sentido de responsabilidad y sólo con más y mejor información podrá administrarse esta crisis de mejor formal”.

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Sin embargo, uno de los autores del proyecto, el senador David  Barguil asegura que "esta iniciativa, permitirá a muchos colombianos no tener que recurrir, dadas las circunstancias, a préstamos desesperados como el 'gota a gota'".

El senador explicó que  respecto a la ponencia original, "en el texto aprobado por la Comisión Primera de la Cámara, se aumentó el plazo que tendrían los usuarios para ponerse al día, pasando de seis meses a un año".

Otro de los cambios es que se incorporó es que “para el sector turismo, las pymes y los créditos agropecuarios saldrán de forma inmediata del reporte, con un plazo de seis meses para ponerse al día”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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