Consulta anticorrupción irá a las urnas a más tardar el 02 de septiembre

El balón de la consulta anticorrupción ya pasó a la cancha del Gobierno Nacional, que deberá definir la fecha en la que se convocará a los ciudadanos a las urnas para votar esta iniciativa.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció que el proceso electoral se llevará a cabo a más tardar en septiembre. 

“Lo que dispone la ley es que luego de esta decisión del Senado, el Gobierno cuenta con 8 días para hacer la convocatoria a esta consulta, que debe hacerse dentro de los tres meses siguientes, con lo cual la fecha límite sería el 02 de septiembre”, señaló.

“Una vez el Senado nos remita el acta de la decisión, empezarán a correr los 8 días que tiene el Gobierno para convocar la consulta”, añadió.

Aunque algunos congresistas han advertido que la consulta anticorrupción le costaría al país alrededor de 300 mil millones de pesos, esa cifra no es oficial.

“Aún no tenemos oficialmente la estimación de los costos de la consulta, yo halé con el registrador, quien nos expresó que ellos vienen adelantando las evaluaciones para establecer a cuanto puede ascender el costo de esta consulta. Pero más allá del costo de la misma, el Gobierno cree que la realización de esta consulta significa un fortalecimiento de nuestra democracia y no estimamos que sea un gasto, sino una inversión”, agregó.

El ministro Rivera aseguró que si los siete puntos de la consulta son aprobados por la ciudadanía, serán de obligatorio cumplimiento para el próximo Gobierno.

“Si los colombianos que acudan a las urnas en su mayoría votan favorablemente estos siete aspectos y si acude el número mínimo de ciudadanos, el próximo gobierno y el Congreso tendrán la obligación de darle cursos a esas iniciativas para incorporarlas a nuestro ordenamiento jurídico”, sostuvo.

Los promotores de la iniciativa han explicado que se necesitan más de 12 millones de votos por el Sí a los 7 puntos de la consulta anticorrupción, para que ésta sea una realidad.

Estos son los temas de la propuesta:

1. Reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado.

2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado.

3. Contratación transparente obligatoria en todo el país.

4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía.

5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, gestión y votación.

6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio.

7. No más atornillados en el poder: máximo tres periodos en corporaciones públicas.