Contralor de Bogotá responde a Gustavo Petro por nueva sanción
El jefe del organismo de control explica por qué se han emitido tres decisiones fiscales contra Petro, por $300 mil millones.
El contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, le respondió al exalcalde y ahora senador Gustavo Petro frente a la decisión en segunda instancia de esa entidad, que lo sancionó con 91 mil millones de pesos, en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal contra la Alcaldía de Bogotá.
En entrevista con RCN Radio, Granados indicó que cualquier persona que no esté conforme con las decisiones de esa entidad, puede apelar esos fallos ante el Tribunal Superior de Bogotá y el Consejo de Estado.
"La circunstancia no es que la cuantía se la inventó el Contralor y esos hallazgos fueron antes de que nosotros llegáramos (...) la cuantía la hacen los expertos en el tema", dijo en las noticias del Mediodía.
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Reiteró que "este es un llamado a todos aquellos quienes por alguna circunstancia han sido objeto de estas determinaciones, para que se tomen los caminos y las posibilidades que da la constitución y la ley".
Granados desestimó que se trate de un sesgo político en contra de Petro, quien ha sido objeto de tres determinaciones por esa entidad, que lo obligan a pagar más de 300 mil millones de pesos por presuntas conductas irregulares durante su administración como alcalde de Bogotá.
"Estas decisiones tienen un recurso y todos los sancionados tienen un control de jurisdiccionalidad y un control de legalidad; tienen la posibilidad de ir a donde un juez", señaló.
Cabe mencionar que este caso se relaciona con la sanción al Distrito por 91 mil millones de pesos, como consecuencia de una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio.
“Encontró la Superintendencia de Industria y Comercio que se violó el régimen de libre competencia por unas decisiones tomadas desde el Distrito y lo sancionó con una multa", aseguró.
Granados manifestó que "esto ocasionó no solo el pago de un capital sino de unos intereses que fue asumido por la Empresa de Acueducto y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), por un valor total de 91 mil millones de pesos".
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El funcionario ratificó que “la Contraloría encontró que esos recursos que debieron haber sido utilizados para la prestación de los servicios y el beneficio de las condiciones de vida de los ciudadanos, se desviaron con el propósito de pagar esa multa que asumieron unos responsables".
Según el contralor de Bogotá, en este caso fueron vinculados Gustavo Petro en su condición de alcalde mayor y miembro de la junta directiva de la empresa Acueducto de Bogotá; Nelly Mogollón como directora general de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Henry Romero Trujillo, director de la (Uaesp) y Diego Fernando Bravo como gerente de la empresa de acueducto de Bogotá entre otros.
Otros casos
El contralor confirmó que los fallos contra el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro y varios exfuncionarios de su administración están relacionados en primera instancia “por haber comprado camiones de más que no fueron utilizados en la nueva implementación de recolección de basuras”.
El funcionario agregó que “la Contraloría encontró que se tuvo un detrimento de 40 mil millones de pesos por la inutilización de esos vehículos. Decisión que fue tomada en primera instancia hace un año y que, ahora después del proceso de recusación entra a mi despacho, se confirmó la decisión por 40 mil millones de pesos contra los dos implicados”.
La investigación reveló que se compraron de 218 vehículos de los cuales solo se utilizaron 102, quedando sin uso 116 carros recolectores de basuras, lo que ocasionó un detrimento a la ciudad por la inutilización de estos vehículos que se quedaron en unos patios.
El contralor reveló que este proceso están vinculados Gustavo Francisco Petro, exalcalde de Bogotá y presidente de la junta directiva de la empresa de acueducto y Diego Fernando Bravo Borda, en su calidad de gerente de la empresa de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad.
Finalmente, el otro caso cuya determinación contra Gustavo Petro fue le de pagar una sanción de más de 219 mil millones de pesos, está relacionado con la reducción de las tarifas del sistema de transporte público de Bogotá en el año 2012.
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