Contraloría advierte sobre irregularidades en Unidad de Víctimas
La entidad evidenció graves retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas a las que tienen derecho las víctimas.
Una Auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) dejó al descubierto tres hallazgos fiscales por 2 mil 509 millones de pesos.
El organismo de control halló preocupantes retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas, una pobre cobertura del programa de Reparación Colectiva, así como una inoportuna reparación de las comunidades étnicas que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado, entre otras situaciones.
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“Los hallazgos relacionados con los incumplimientos en materia de reparación son de tal magnitud, que bien pueden llevarse a preguntarse ¿Y la reparación de las víctimas para cuándo?”, indica el informe de la Contraloría.
En la auditoría realizada, se detectó la inexistencia de una ruta o procedimiento para acceder a la indemnización administrativa, que tiene relación con el represamiento de un millón 140 mil 145 pagos pendientes por realizar, a 31 de diciembre de 2018. De igual forma, se evidenciaron barreras de acceso para solicitar la indemnización.
Además, en el programa de reparación colectiva sólo seis sujetos, de los 631 incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV), han sido reparados de manera integral y completa, de acuerdo con las acciones planeadas y concertadas para la reparación, denotando una pobre cobertura al finalizar el 2018.
En relación con las comunidades étnicas que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado en las medidas de reparación, la Contraloría señala que no han sido implementados planes de reparación colectiva en su totalidad.
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“En consecuencia y contra lo esperado de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, los miembros de estas comunidades no son reparados de manera pronta, oportuna y eficaz, resultando revictimizados”, indica el documento.
Teniendo en cuenta estas irregularidades, el organismo de control determinó que los bienes administrados por el Fondo no cumplen con criterios de rentabilidad y se observa ineficiencia en la monetización, así como incumplimiento de la normatividad vigente.
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