Controversia por ‘mico’ en Ley de Financiamiento
En la primera discusión del proyecto de ley se hundió la ponencia que pretendía archivar la ponencia presentada por el Gobierno.

En la primera discusión de la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República, la representante a la Cámara del Partido Alianza Verde Catalina Ortiz, denunció que el artículo 109 de la Ley de Financiamiento elimina el techo para ampliar los gastos de personal en seis entidades públicas.
Las entidades beneficiadas son la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Auditoría General de la República.
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“Eso es una forma de crear unos puestos para los parlamentarios y eso hay que denunciarlo, también insistirle al Gobierno que eso lo retiré y que claramente nosotros no la vamos a votar, porque los puestos también son una forma de mermelada”, señaló la congresista Ortiz.
Por su parte el Gobierno defendió la propuesta contemplada en el proyecto de ley, argumentando que se llevó a cabo con el fin de fortalecer la labor que desempeñan las diferentes entidades en materia de investigación, fiscalización y control.
“El Gobierno rechaza las afirmaciones alrededor del articulo 109. Reiteramos que algunas instituciones cuando reciben mayores necesidades de control y fiscalización deben tener la posibilidad de presentar propuestas de incremento de sus nóminas, sujetos a la viabilidad de sus normas”, señaló el viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez.
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Este artículo modifica la Ley 617 del 2000 de Sostenibilidad Fiscal, en la que se establece que las entidades públicas no pueden incrementar el gasto asociado a contratación de personal, por encima del 90 por ciento de la inflación.
Durante la sesión parlamentaria, además se tumbó la proposición que buscaba archivar la ponencia de la Ley de Financiamiento radicada ayer por el Gobierno, la iniciativa presentada por el partido Verde obtuvo dos votos a favor y 17 en contra, en las comisiones económicas conjuntas del Congreso.
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