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MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO
MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO
Inaldo Perez

El Consejo de Estado aclaró que la restricción que existe para contratar con el Estado, después de hechos de corrupción, es de 20 años y ese tiempo empieza a correr, una vez se conozca la sanción judicial o el fallo que declare a la persona responsable de algún delito.

Esa aclaración la dio la Sala de Consulta y Servicios Civil del alto tribunal, a una consulta que le hizo el Ministerio de Justicia sobre el momento en que empezaba a regir la imposibilidad para contratar con el Estado para las sociedades y sucursales de sociedades extranjeras, vinculadas con las personas que hayan sido condenadas por hechos de corrupción.

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“Es a partir de la sentencia judicial de primera instancia o de la firmeza del acto administrativo respectivos que rige la inhabilidad”, sostuvo  el Consejo de Estado.

En esa respuesta al Ministerio de Justicia, el Consejo de Estado aclaró que dicha restricción también cobija a las sociedades y sucursales de compañías extranjeras de las que sean o lleguen a ser parte los sancionados (como socios controlantes o administradores).

Es decir, la restricción para contratar con el Estado también se da a aquellas compañías cuyos socios hayan sido condenados por corrupción.

En ese punto, el Consejo de Estado aclaró que, si antes de cumplirse los 20 años de restricción se extingue la condición de socios controlantes “o de administradores que los sancionados tengan en tales sociedades y sucursales”, se termina la inhabilidad prevista para dichas empresas, sociedades o sucursales.

“Lo anterior no impide que estas personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras puedan ser inhabilitadas directamente, si son halladas como partícipes o responsables del soborno transnacional, en el cual se haya visto involucrada la respectiva persona natural o jurídica vinculada a ellas”, dijo el Consejo de Estado.

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Ese pronunciamiento tiene bastante relación con la restricción que tendría la multinacional Odebrecht y los socios de la Ruta del Sol para volver a contratar con el Estado colombiano.

En el 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sancionó a la multinacional, al pago de una multa por más de 800 mil millones de pesos, y los inhabilitó para contratar con entidades del Estado durante diez años.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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