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Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez
Cortesía: Prensa Vicepresidencia de la República

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, condenó y repudió el abuso sexual del que fue víctima una menor de edad indígena de la comunidad Embera Chamí, del municipio de Pueblo Rico (Risaralda), el pasado 22 de junio, al parecer, por un grupo de soldados pertenecientes al Batallón San Mateo. Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades. 

Ramírez señaló que en conjunto con la Consejería y el ICBF se están coordinando acciones para que le sean restablecidos los derechos a la menor de edad. Y fue contundente al señalar que es momento de aplicar la máxima la cadena perpetua para violadores de menores, reforma constitucional que fue aprobada recientemente en el Congreso de la República.  

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“Es aberrante e inaceptable el abuso sexual del que fue víctima la menor de la comunidad Embera Chamí. El Gobierno no la dejará sola y por eso solicitamos a la Fiscalía acelerar el proceso investigativo para que se haga justicia. Este es un caso que merece la condena social, debemos actuar con celeridad y coherencia para defender los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es el momento de aplicar la cadena perpetua”, afirmó.  

La Vicepresidenta hizo énfasis en que "la Fuerza Pública está para proteger a los ciudadanos y un acto aberrante de esta naturaleza, debe tener agravantes de la responsabilidad. Indigna la presunta responsabilidad de miembros de las Fuerzas Militares en este crimen, que debe considerarse de lesa humanidad".  

Y recordó que, recientemente, el Congreso de la República aprobó la reforma constitucional para la cadena perpetua. “Como Estado debemos ser implacables con los abusadores sexuales. Desde el Gobierno brindaremos todo el acompañamiento a la niña y a sus familiares para que obtengan la justicia". 

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Por su parte, la consejera para la Mujer, Gheidy Gallo reveló que,“inmediatamente conocimos este abominable acto contra la menor, actuamos de manera coordinada con las autoridades de Risaralda, con la Gestora del Departamento, Natalia Ramírez, y con el ICBF para que le sean restablecidos los derechos a la menor de edad. De la misma forma, articulamos con las autoridades judiciales la acción estatal que permita garantizarle a la niña y a su familia que los culpables reciban la máxima condena”. 

De acuerdo con la consejera, "la violencia sexual contra niñas es una grave violación de sus derechos que afecta también a la sociedad y las comunidades y se relaciona con actos de discriminación y exclusión, cuando la misma recae sobre una niña indígena".   

Fuente

Sistema Integrado de Información

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