Esta emergencia no justifica tolerancia con la corrupción: Marta Lucía Ramírez

La vicepresidencia de la República, Marta Lucía Ramírez, junto con la Secretaría de Transparencia, Función Pública y la Agencia de Contratación Pública, advirtieron a los mandatarios en el país sobre las responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias a las que se pueden ver expuestos, si durante la emergencia por la COVID-19, hacen mal uso de los recursos del Estado. 

De acuerdo con la vicepresidenta, la crisis sanitaria -generada por la pandemia del coronavirus- ha obligado medidas de excepción, y ha habilitado mecanismos para agilizar adquisición de bienes y servicios, que permitan reaccionar con prontitud de cara a proteger la salud y la vida de los colombianos.  

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"El ordenamiento jurídico exige a todos los servidores públicos denunciar con inmediatez conductas presuntamente irregulares y delictivas; realizar debida valoración de los riesgos, actuar con total transparencia e integridad y aplicar correctamente las disposiciones jurídicas contractuales. Estas son acciones indispensables para conjurar cualquier oportunidad que tengan los delincuentes”, señaló. 

Sin embargo, enfatizó en que, “ello no puede dar cabida a hechos de corrupción, crimen organizado, lavado de activos, abusos de poder; ni agilidad para gestionar recursos significa abrir puertas a la corrupción, ni acción u omisión son menos graves que fraude y malversación de fondos”. 

Por su parte, la secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño, indicó en que la emergencia sanitaria “no puede ser aprovechada para usurpar los dineros públicos. "Es nuestra obligación con el país entero, desempeñar la función actuando con transparencia en la ejecución de los dineros públicos y con mayor razón, los destinados a la crisis sanitaria que afecta los más preciados derechos como son la vida y la salud de nuestros compatriotas”. 

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De acuerdo con Ramírez, las cuatro instancias del Gobierno se unen para velar por la puntual observancia en época de pandemia de la ley y la ejecución de las funciones, por parte de los representantes legales, de todas las entidades públicas colombianas.  

"La prevención de irregularidades de orden administrativo y situaciones susceptibles de hechos delictivos en celebración y ejecución de contratos, fortalecen los mandatos institucionales e incrementan la confianza ciudadana", apuntó.