Estalla escándalo en Congreso por contrato de vehículos para los representantes

Hubo indignación entre algunos miembros de la Cámara de Representantes porque mientras en las oficinas de los congresistas no había servicio de telefonía e internet por falta de pago en diciembre del año pasado, al tiempo se celebraba un contrato interinstitucional por $53.700 millones de los vehículos blindados para los congresistas.

Aunque el contrato por los vehículos cumple los requisitos de ley, representantes como David Racero -de la lista de los Decentes-, afirman que se debe replantear ese convenio porque no todos los congresista tienen el mismo riesgo de seguridad.

El contrato interinstitucional de arrendamiento de vehículos blindados es celebrado cada año entre la Cámara de Representantes y la Unidad Nacional de Protección (UNP) que provee la seguridad a los 172 congresistas de ese órgano legislativo.

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El representante David Racero, quien renunció a su esquema de seguridad porque le parecía excesivo, manifestó que aunque algunos de sus homólogos tienen serios problemas de seguridad, no todos cuentan con la misma situación de riesgo.

"El gasto excesivo que tiene el Congreso como entidad pública estatal, que tiene que pagar con los recursos de los ciudadanos en impuestos, el uso de las camionetas de todos los 172 congresistas es exagerado. Nosotros sabemos muy bien que los esquemas de seguridad que fueron diseñados tienen que ver con personas que tiene algún tipo de riesgo", indicó el congresista.

Racero afirmó que lo que dice la ley, es que por el hecho de ser congresistas ya existe un riesgo de entrada y eso hay que cuestionarlo. 

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"Algunos congresistas evidentemente tienen riesgo latente, pero de ahí a que todos los 172 tengamos el mismo riesgo, no lo creo y es mucha la plata que nos podamos ahorrar", afirmó.

Al respecto, RCN Radio consultó a la dirección administrativa de la Cámara para conocer su respuesta sobre la advertencia lanzada por el representante. María Carolina Carrillo, directora administrativa de la corporación, manifestó que el contrato interadministravo que se renueva cada año por $53.719.174.169 no tiene ningún tipo de irregularidad. De acuerdo a la funcionaria, ese mismo contrato se ha venido celebrando desde la anterior legislatura.