Gobierno fue clave para investigación de la Fiscalía por el caso María Isabel Urrutia
Secretaria de Transparencia de Palacio entregó información de 101 contratos con irregularidades.
El Gobierno, a través de la Secretaria de Transparencia, fue clave para que la Fiscalía llegara a la imputación de cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, por las irregularidades en 101 contratos celebrados en la víspera de su salida del ejecutivo.
Según pudo conocer RCN Radio, los recursos que comprenden dichas irregularidades alcanzan los $16.000 millones de pesos, que estuvieron ad portas de ser ejecutados entre el 28 de febrero y el 6 de marzo, justo cuando Urrutia ya sabía que dejaba el Gobierno.
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La información que entregó la Secretaría de Transparencia a la Fiscalía desde el 7 de marzo da cuenta de contratación extendida que no está permitida en la ley, pues los contratos que inicialmente son de cuatro meses, Urrutia buscó que su extinción se diera hasta diciembre, violando el principio se traslape.
Además de esa irregularidad, los contratos no cumplían en su totalidad con los requisitos legales y tiene serios indicios de la falta de requisitos, lo que relató la presidencia al ente acusador. De inmediato, Transparencia le pidió a control interno de MinDeporte allegar copia de 206 contratos firmados desde el 1 de enero.
Las alertas se encendieron sobre 25, en especial, desde el 28 de febrero y el 6 de marzo, que tienen visos de “ilegalidad”.
En contexto: A imputación exministra María Isabel Urrutia, por supuesta corrupción en contratos
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de justicia determinó solicitar audiencia para imputación de cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por presuntas irregularidades en la suscripción de millonarios contratos.
La audiencia se llevará a cabo ante los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, la Fiscalía se abstendrá de solicitar medida de aseguramiento privativa de la libertad para la exministra.
“En las actas de terminación anticipada, cada contratista señaló que ponía fin al compromiso laboral por motivos personales. Sin embargo, por instrucción de la entonces ministra, en apenas cuatro días fueron contratados nuevamente, pero por un término mayor que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023”, indicó la Fiscalía.
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