Gobierno y Congreso buscarán eliminar por completo la Judicatura
La propuesta será incluida en la reforma a la Justicia que llegará al Congreso este semestre.
El proyecto de reforma a la justicia, que impulsará el Gobierno junto con otros partidos políticos, ya está prácticamente listo y será presentado en las próximos días en el Congreso de la República.
La iniciativa contiene instrumentos para mejorar el sistema judicial en el país, además de plantear la eliminación total del Consejo Superior de la Judicatura.
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Varios sectores políticos consideran que esa entidad no ha estado a la altura de las necesidades administrativas que tiene la rama y por eso buscarán crear otro organismo que se encargue del manejo de esos recursos.
Aunque con la pasada reforma al equilibrio de poderes se logró eliminar la Sala Disciplinaria de la Judicatura, la misma sigue funcionando porque no se han podido conformar las ternas para elegir a los nuevos integrantes del Consejo de Disciplina Judicial.
En esta reforma se intentará acabar con la Sala Administrativa para crear un órgano independiente que se encargue de manejar todo el presupuesto.
El representante Edward Rodríguez dijo que “la Corte había manifestado que debía garantizarse la independencia de la Sala Administrativa y por ello con esta reforma acabamos con esa sala y la convertimos en una junta directiva que se encargue de administrar los recursos de la rama y le presente un buen servicio al ciudadano de a pie”.
El congresista afirmó también, que tendrán que proveerse las vacantes para el Consejo de Disciplina Judicial, tal y como lo advirtió el Consejo de Estado en una reciente respuesta a la consulta que sobre el particular elevó el Gobierno.
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En dicho documento, ese alto tribunal instó al presidente de la República a presentar las ternas ante el Congreso para que se pueda elegir cuanto antes, a los miembros de la nueva corporación que está creada desde el 2015.
En la reforma a la justicia también se incluirá una extensión de la inhabilidad que tiene el procurador, el fiscal y el contralor general, para aspirar a cargos de elección popular, como la Presidencia de la República.
De acuerdo con la propuesta, dicha inhabilidad después de dejar su puesto, debe ser de alrededor de cuatro años y no de uno como está actualmente.
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