HRW se pronuncia sobre la política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro
La ONG hace cinco recomendaciones para que la política del nuevo gobierno permitan avanzar en materia de derechos humanos.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch hizo llegar al presidente Gustavo Petro y miembros de su gobierno, una carta con cinco recomendaciones para que la política de “paz total” contribuya a avanzar en materia de derechos humanos.
La primera recomendación de la ONG es "Garantizar protección y seguridad". Sobre esto, recuerda que es obligación del estado proteger los derechos humanos de la población y para ello sugiere que se adopte "una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos" que incluya "tanto a las fuerzas de seguridad para cumplir con el deber de garantizar la vida y la integridad física, como a otras instituciones del Estado que son esenciales para la provisión de bienes y servicios públicos".
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Sobre este mismo punto, HRW resaltó la importancia de diseñar planes para "proteger a defensores de derechos humanos", pero también a toda "la población civil antes, durante y después de las negociaciones" con grupos armados.
Entre otras cosas, la ONG pide que el nuevo Gobierno fortalezca la capacidad del "sistema judicial y garantizar que los indicadores de éxito de las fuerzas de seguridad se basen en asegurar un control territorial efectivo, respetar los derechos humanos y prevenir abusos".
La segunda recomendación para Gustavo Petro es "Decidir con quién negociar y de qué manera". Se refiere a reconocer que "en la actualidad operan en Colombia una gran cantidad de grupos armados que son financiados por economías ilegales, en especial el narcotráfico y la minería ilegal", grupos que incluyen al ELN, a disidencias de las extintas FARC y otros como el Clan del Golfo".
Aquí se toca el punto del "sometimiento" y/o "acogimiento" de grupos con los que hasta hoy no se ha intentado una negociación. HRW aclara que "en general el derecho internacional humanitario no prescribe con qué grupos armados los gobiernos pueden o deben entablar negociaciones", por ese motivo, hace ver que será decisión del Gobierno Petro con quién se sienta.
Eso sí, insta a que considere si existen razones para "creer que es más probable que las negociaciones aseguren los derechos de las víctimas y prevengan abusos en comparación con la aplicación de la ley".
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Otras recomendaciones son "Abordar las causas que perpetúan la violencia", "Garantizar los derechos de las víctimas", y finalmente, "Evitar desmovilizaciones fraudulentas", como sucedió con los grupos paramilitares bajo la ley de Justicia y Paz del gobierno de Álvaro Uribe.
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