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Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático.
Colprensa

El senador Rodrigo Lara Restrepo abrió el debate sobre la necesidad de impulsar un acto legislativo para extender la protección constitucional que tienen los expresidentes de la República en Colombia.

Según Lara, es necesario ampliarles el fuero para que sus conductas, presuntamente delictivas, cometidas después de haber dejado el cargo, sigan siendo de conocimiento de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y no de la Corte Suprema o de la Fiscalía.

Una medida de esta naturaleza podría beneficiar al hoy senador Álvaro Uribe Vélez, quien está enfrentando un proceso judicial por supuesta manipulación de testigos.

"Hay un vacío institucional y legal porque un presidente o expresidente que por hechos anteriores a la fecha de terminación del conflicto, tengan alguna relación tangencial con ese conflicto, tiene que enfrentar la jurisdicción ordinaria, y eso es un desbalance”, explicó.

Eso es peligroso porque se podría abrir la puerta a un ejercicio permanente de judicialización de los expresidentes tan pronto terminan el poder o de una revisión permanente de hechos del pasado para obligarlo y de cierta manera judicializarlo”, manifestó.

El senador Lara afirmó que esta propuesta no está encaminada a salvar al expresidente Álvaro Uribe de la investigación que se adelanta en su contra.

“Esto no es impunidad, es hablar de un régimen que contemple esta situación que no ha sido regulada. A mí nadie me puede decir uribista, he tenido muchas diferencias con él, esta es una manera de pasar la página. Para mí lo más fácil es no meterme en estos temas espinosos, pero nosotros debemos pensar en la estabilidad del país de mañana”, manifestó.

El congresista de Cambio Radical aclaró que no está preparando ningún proyecto o reforma en ese sentido, y que simplemente se trata de abrir un debate sobre la institucionalidad del país.

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La polémica en el Congreso

Este planteamiento hecho por el senador Rodrigo Lara generó revuelo político en el Congreso de la República. Algunos afirman que se trata de una propuesta hecha a la medida del expresidente Álvaro Uribe y otros se mostraron partidarios de abrir el debate sin beneficiar a nadie en particular.

La senadora Paloma Valencia dijo que “si esta propuesta se refiere al presidente Uribe yo creo que es innecesaria porque el presidente Uribe es un hombre inocente y esperamos que este proceso sea fallado en derecho con las garantías que se le han venido violando”.

El senador Luis Fernando Velasco dijo que este tipo de iniciativas no deben hacerse con nombre propio, porque jamás llegan a buen término.

Esa es una ley de punto final y si hay que debatirla, hagámoslo, pero debatámosla en la medida en que sea un acuerdo nacional y no que sea para una persona. Se pueden hacer leyes de punto final en algunos países para salir de espirales de violencia y de polarización, pero no una ley para una, dos o tres personas, tiene que ser una cosa muy debatida”, sostuvo.

El senador José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, afirmó que “eso es un proyecto inane y no tienen ningún objeto. Tendría sentido si en Colombia hubiera expresidentes que han cometido delitos de guerra o de lesa humanidad, pero eso no existe en Colombia”.

El senador Alexander López dijo que esta propuesta aumenta aún más la impunidad que ya existe en contra de los expresidentes de la República.

Es una propuesta que puede llevar a la impunidad, actualmente los expresidentes tienen un fuero de impunidad porque los juzga la Comisión de Acusación y aquí nunca ha pasado eso y creemos que los expresidentes y el presidente deben estar sujetos a una jurisdicción especial, pero no a una jurisdicción de impunidad”, manifestó.  

Gobierno evaluará la propuesta

La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, se refirió al debate que se abrió por cuenta del senador Lara para que los expresidentes de la República no comparezcan ante la jurisdicción ordinaria, y que sus procesos, ya sean anteriores o posteriores a su ejercicio presidencial, siempre estén en la Comisión de Acusación.

“El Ministerio de Justicia no ha hecho ese tipo de propuestas. El Gobierno tendrá que estudiar la propuesta y emitir su opinión en su momento, eso hay que analizarlo”, indicó.

Si una reforma constitucional de esa naturaleza llegue al Congreso de la República, se generaría un fuerte debate entre todas las bancadas políticas.

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Fuente

Sistema Integrado de Información

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