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Función Pública afirma que no hubo un crecimiento del Estado ya que entrega seis entidades menos de las que recibió.

Entidad- Función Pública
María Paula Torres

Durante los últimos ocho años el presidente Juan Manuel Santos ajustó la institucionalidad para acoplarse a la realidad nacional y cumplir con sus objetivos, según Liliana Caballero, directora del Departamento Administrativo de Función Pública, quien explicó que hubo entidades que se crearon mientras que otras se fusionaron o fueron suprimidas.

De acuerdo con la funcionaria “en el primer periodo de gobierno del presidente Santos se hizo una gran reforma donde se concentraron los esfuerzos en cuatro áreas: la superación de la pobreza extrema, la consolidación de la paz, el fortalecimiento de la competitividad (enfocado en agricultura, desarrollo rural, expansión minera, transporte e infraestructura) y la lucha contra la corrupción”.

Durante ese período se crearon agencias para ser más eficientes en algunos temas puntuales, como en el caso de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente y la Agencia Nacional de Minería; o la transformación del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la aparición de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH (antes Unidad Administrativa Especial).

En cuanto a los ministerios que habían sido fusionados en el gobierno de Álvaro Uribe, en el primero de Santos se separaron el Ministerio de Justicia y Derecho (vinculado al del Interior), el Ministerio de Salud y de la Protección Social (anexado al del Trabajo) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (relacionado con el de Vivienda).

“En el segundo período del gobierno de Santos se fortaleció toda la institucionalidad, acompañada de lo que en la jerga de lo público llamamos 'a costo cero'. Es decir, todas las reformas se hicieron teniendo como regla general que no se incurriera en gastos diferentes”, explica la directora de Función Pública.

Otro punto importante durante este segundo periodo fue la reforma del Estado para dar cumplimiento al acuerdo de paz.

Aunque ya se había hecho un esfuerzo por crear algunas instituciones previas a las negociaciones con las Farc, en este punto se hicieron “ajustes o reestructuraciones en varios sectores y se crearon tres entidades autónomas –la Justicia Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de la Verdad-”, agrega Liliana Caballero.

Respecto al incremento del número de empleos, la directora sostiene que “el crecimiento fue solamente de 30 mil puestos, aclarando que un poco más de 24 mil correspondieron a un proceso de formalización. Lo que implicó supresión de contratos e inclusión en las plantas de las personas que venían vinculadas de otra forma”.

Un ejemplo de lo anterior se dio en 2011, cuando se formalizaron 653 empleos y se establecieron en planta 857 en la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

Liliana Caballero también apunta que “durante estos dos periodos, Función Pública recibió 197 entidades y entregamos 191, siendo un esfuerzo muy grande por reducir al máximo la institucionalidad y demostrando mayor eficiencia, así como un trabajo a menor costo”.

Igualmente es importante mencionar que de estas 197 entidades recibidas, 5 fueron suprimidas (CAPRECOM, Dirección Nacional de Estupefacientes, INCODER, DAS y CRES), 14 fueron transformadas, 35 fueron se crearon, 36 sufrieron de fusión y venta de participación, y 2 (la Unidad de Planeación de Infraestructura y Transporte y la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte) nunca entraron en funcionamiento.

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