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Varias organizaciones piden que el próximo gobierno revalúe la política antidrogas del país.

Erradicación de cultivos ilícitos
Erradicación de cultivos ilícitos
Colprensa

Un informe, publicado este miércoles, plantea 11 recomendaciones para un posible cambio en la política antidrogas de Colombia

Las sugerencias están dirigidas al gobierno que reemplazará al de Juan Manuel Santos y al Congreso que se posesionará el 20 de julio. 

El informe fue elaborado por las organizaciones Dejusticia, Fescol, TNI, Elementa, ATS, OCDDI, Corporación Humanas, Gpaz/Sisma Mujer, Temblores Ong y el Centro de Pensamiento y Acción para la Transición (CPAT). 

La primera recomendación es involucrar a los cultivadores, sus familias, los gobiernos locales, las organizaciones sociales y los sectores afectados en la "formulación de políticas relacionadas con los cultivos declarados ilícitos", y que esa formulación se haga con enfoque territorial. 

"Se debe eliminar el uso de la erradicación manual forzada o cualquier método que implique la aspersión (aérea o terrestre) de compuestos que afecten la salud o el medio ambiente", dice el informe en la segunda sugerencia.  

La tercera sugerencia es que haya investigación científica sobre las plantas ilícitas para, de esa forma, "aprovechar su potencial para usos tradicionales, médicos, nutricionales, científicos, agroindustriales, populares y comerciales". 

En cuarto lugar, las organizaciones le piden al Congreso tramitar leyes para que "pequeños cultivadores y mujeres involucradas en el tráfico" tengan un tratamiento penal diferencial. También sugieren que las mujeres tengan acceso a buenas tierras con autonomía económica. 

La quinta sugerencia consiste en que se respete lo que han dicho las cortes Suprema y Constitucional sobre la dosis personal y la dosis de aprovisionamiento

Asimismo, piden no criminalizar al consumidor de drogas, de modo que recomiendan diseñar un protocolo policial en ese sentido. 

En séptimo lugar, las organizaciones sugieren "fortalecer las políticas de uso de drogas" enfocadas en la salud pública y los derechos humanos, haciendo los ajustes necesarios, si así se requiere. 

La octava recomendación es no implementar tratamientos forzados a las personas que tengan problemas con las drogas. 

La novena es una propuesta para que el Congreso desarrolle mecanismos que garanticen que el respeto y la dignidad humana sean la base para los servicios prestados a consumidores de drogas. 

Las últimas dos recomendaciones tratan de la forma en que las autoridades combaten el narcotráfico. 

Primero, el informe pide no acatar cultivos ni consumidores, sino a "los grandes traficantes y a sus finanzas". 

Por último, se recomienda no usar la política antidrogas "para la recuperación de espacios públicos y expropiación de predios urbanos" y acatar las normas sobre gestión del riesgo y del suelo. 

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