Legislación y justicia en Colombia, ¿flexibles ante el acoso sexual?
Colombia no ha acogido un convenio de la OIT sobre acoso sexual en el trabajo, de acuerdo a lo advertido en el Congreso.
En el Congreso de la República se lleva a cabo una audiencia en la que participan congresistas de diferentes partidos políticos y líderes académicas, para hablar sobre la grave situación de acoso sexual que va en aumento en Colombia.
En diálogo con RCN Radio, la representante de la Alianza Verde, Catalina Ortíz, señaló que los casos que se denuncian sobre acoso sexual en el país son muy pocos, porque no existe una legislación clara sobre estos hechos.
"A veces las normas ayudan para que la sociedad vea con malos ojos estas conductas, pero no es suficiente. Lo que se busca es que el acoso no se tipifique como tal porque sea una acción repetitiva, sino que se tomen las medidas pertinentes cuando se da la primera vez", señaló.
La congresista precisó que Colombia debería acoger el tratado internacional que tiene la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre el acoso sexual, que lo define como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género.
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(Audio) Catalina Ortiz, congresista, sobre acoso laboral y universidades.
Cabe mencionar que este convenio de la OIT contrasta con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, que señala que el acoso debe ser de manera repetida o sistemática, en contra de los parámetros internacionales sobre esa materia.
De acuerdo con la senadora Angélica Lozano, existen limitaciones en la legislación y jurisprudencia en estos casos, ya que solo el 2% de las situaciones de acoso sexual denunciadas terminan en una sentencia judicial.
"La actual legislación laboral en Colombia tiene varias limitaciones frente a la presentación de las denuncias anónimas, la protección de los derechos de las víctimas, la carga de la prueba a cargo de la víctima y la prescripción. No son claras las sanciones y las medidas que debe adoptar el empleador", indicó la congresista.
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