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Procuradora General, Margarita Cabello Blanco
Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco
Foto: Cortesía MinJusticia

La procuradora general, Margarita Cabello, dijo no estar de acuerdo con el proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales, por lo que en el concepto entregado a la Comisión Nacional de Política Criminal, expresó las preocupaciones del órgano de control con respecto a esta iniciativa del Gobierno. 

Para la procuradora, son siete puntos que no son claros en el documento que será discutido en el Congreso de la República, por lo que considera que deben revisarse antes de que inicie el trámite en el poder Legislativo. 

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El primer aspecto que le preocupa a la procuradora es que este documento no es del todo claro con el problema que se piensa abordar y solucionar con la aprobación de la ley, pues tampoco menciona la razón por las que las propuestas contenidas en el articulado son las más adecuadas. 

La segunda preocupación está vinculada con el presupuesto disponible que deberá ser destinado para el sometimiento, pues recalcó que quienes se acojan a esta ley, serán condenados a penas que se cumplirían entre prisión y medidas restaurativas, por lo que la procuradora resaltó que es importante detallar los recursos que se destinarán para estos propósitos. 

El tercer punto está relacionado con la discusión con respecto a qué grupos se someterán a la justicia, pues señaló que la ley de 'paz total' incluye a grupos que se hayan desmovilizado en otros acuerdos. 

En este punto, la Procuraduría cuestionó si las personas que hayan incumplido los puntos de los acuerdos previamente pactados con el Estado y que fueron expulsados, también harían parte de la ley de sometimiento o recibirán tratamiento de acuerdo de paz, haciendo mención a la discusión que avanza en la Corte Constitucional sobre dar estatus político a las disidencias de las Farc. 

La cuarta preocupación es la importancia que tendrá que los integrantes de las bandas aporten verdad plena sobre hechos cometidos, en el marco de sus actividades ilegales, además de pedir que se aclare si los bienes en posesión del Estado por concepto de extinción de dominio, serán contemplados como beneficios económicos para quienes se sometan. 

El quinto punto, al igual que el sexto, hacen mención a los estándares y estrategias que se exigirán a los pertenecientes a los grupos armados para garantizar reparación adecuada a las víctimas. 

Finalmente, expresó que, según el proyecto, se podría dar un tratamiento penal diferente a los sometidos, lo que se traduciría en beneficios judiciales. 

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Pese a las preocupaciones, el concepto de la Procuraduría no es un factor que impida que el proyecto empiece su trámite, por lo que el Congreso podrá iniciar con la discusión de la ley de sometimiento, teniendo en cuenta las recomendaciones del órgano de control pero sin necesidad de reescribir el documento. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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