Mandatarios regionales expresan dudas con decreto presidencial de 'asistencia militar'

Tras la emisión por parte de presidencia de la República del decreto 575 por el cual extendía la ‘asistencia militar’ además del Valle del Cauca, a regiones como Cauca, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, así como de 13 ciudades, se han generado posiciones a favor y en contra, por parte de los mandatarios de los departamentos y municipios incluidos en esta decisión. 

Por un lado, regiones como Valle del Cauca y su capital Cali, así como los municipios de Buga y Yumbo, se mostraron de acuerdo con la aplicación de la denominada asistencia militar, tomada según el Gobierno Nacional, para que los miembros del Ejército acompañen a los uniformados de la Policía, en la recuperación de las vías, los desbloqueos y el patrullaje que según el texto emitido por Presidencia sería aplicado demás en Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva. 

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 “Nuestro total apoyo al accionar de las autoridades y de la aplicación de este acompañamiento militar, todo en el marco del respeto a los derechos humanos” dijo la gobernadora de Valle del Cauca, Clara Luz Roldan y además agregó que desde el inicio del paro han apoyado las manifestaciones pacíficas pero que rechaza los hechos violentos que se han dado den el marco de las protestas.  

De igual modo la administración Municipal de Buenaventura, otra de las ciudades incluidas en el decreto, precisó que aceptó la presencia militar para que ayuden a mantener el orden Público. Argumento que se replicó en el Cauca, donde también se aceptó este acompañamiento. 

Pero no todas las ciudades o regiones tomaron una decisión de aplicar esta medida de forma inmediata.  

Casos como Putumayo y Norte de Santander, aún están estudiando si aplicar o no, este decreto. Tal como Pereira, donde la administración Municipal aseguró que está analizando las consecuencias de esta medida, para determinar si la aplica.  

En regiones como Nariño, el gobernador John Rojas Cabrera explicó que se priorizará la vía del diálogo para alcanzar acuerdos y evitar de esta forma, tener que aplicar la asistencia o el acompañamiento militar. 

“Hemos estado acompañando a nuestros funcionarios en las vías, para que escuchen a los manifestantes, y así hemos logrado levantar algunos bloqueos y continuaremos por esa vía, con el dialogo como primera opción y como la principal formula de crear corredores humanitarios”, dijo el mandatario.  

Para el caso del Caquetá, el gobernador Arnulfo Gasca Trujillo aclaró luego de un consejo de seguridad, se decidió que lo que sucede en su territorio no se enmarca en la situación descrita en el decreto 575, razón por la cual, según el mandatario, la asistencia no se hace necesaria actualmente.  

En Neiva, el alcalde de la capital opita Gorky Muñoz respondió a través de un comunicado en el que aseguró que el decreto debería tener una aplicación relativa y no absoluta, ya que el panorama en esa ciudad, es muy diferente al de otras capitales del país.  

 Decisión que coincide con la anunciada por la administración del departamento del Huila, que ha optado por seguir otros mecanismos como corredores humanitarios y el diálogo constante con los manifestantes.  

Otro que tampoco se mostró de acuerdo con este decreto fue el alcalde de la ciudad de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas también dijo que no aplicará el decreto. Una decisión que según el abogado constitucionalista Juan Manuel Charris, les podría significar una sanción.  

“El artículo 297 de la constitución dice que tanto alcaldes como Gobernadores están sometidos en materia de orden público al presidente de la república, y en caso de no cumplir quedan expuesto a una sanción disciplinaria” dijo el abogado.  

Sumado a ello, el Gobierno Nacional argumenta que la asistencia militar está contemplada en el Código de seguridad y convivencia ciudadana (2016) como un mecanismo para apoyar a la autoridad de Policía en ejercicio de su actividad, cuando una situación de grave alteración de la seguridad excede su capacidad para poder cumplir con sus obligaciones. 

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Otra es la lectura sobre la misma decisión la hace el abogado Jairo Librero quien señaló que es muy complejo encontrar un punto intermedio entre las atribuciones constitucionales que tiene el presidente de la República y que consiste en garantizar el orden público, mientras advirtió que los alcaldes son la primera autoridad de Policía. “Estos mandatarios no pueden ser sancionados porque tendría que existir una ley específica; el gobierno no puede poner a un militar sobre la autoridad civil”, explicó.  

Mientras continúa el debate de las posibles sanciones, el comité del paro le pidió al Gobierno Nacional retirar este decreto.  

Hasta el momento la Procuraduría General de la Nación no se ha pronunciado directamente en relación a posibles sanciones disciplinarias para los mandatarios que no acepten implementar este acompañamiento.