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La prescripción en materia penal significa que transcurrido el tiempo ya no se puede juzgar un delito.

Senado de la República
Colprensa - Álvaro Tavera

El proyecto de doble instancia retroactiva, también conocido como la 'ley Andrés Felipe Arias', que fue radicado por el Centro Democrático y que permitiría que algunos procesos fallados por la Corte Suprema de Justicia puedan ser revisados, no para de generar polémica.

La iniciativa tuvo que enfrentar una primera controversia por un parágrafo que abría la puerta para que los condenados pudieran quedar en libertad, medida que tuvo que ser retirada del texto por orden del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Sin embargo, RCN Radio – La Fm conoció que la iniciativa podría tener otro ‘mico’ indetectable a simple vista, que abriría la puerta para la prescripción de algunos casos del proceso 8.000 y de la parapolítica.

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El proyecto plantea que quienes hayan sido condenados en única instancia entre los años 1976 y 2018, podrían solicitar la impugnación de sus sentencias para que una sala de descongestión que se crearía en la Corte Suprema de Justicia, conformada por tres magistrados, las revise.

El artículo 4 del texto de la iniciativa dice: “Las personas que estén legitimadas y consideren la necesidad de impugnar las sentencias a que se refiere el artículo anterior, tendrán plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de posesión de los magistrados que conforman la Sala de Descongestión para allegar el escrito que solicite el recurso. Una vez vencido ese término se entenderá que quien no haya impugnado la sentencia condenatoria en su contra, renuncia a este derecho, la sentencia hará tránsito a cosa juzgada y la condena quedará en firme”.

Esta impugnación implicaría que la sentencia dejaría de ser cosa juzgada, que la acción penal y los términos revivirían y por lo tanto también la posibilidad de que esos delitos puedan prescribir (puedan dejar de juzgarse) dependiendo del tiempo que ha transcurrido.

Esto significa que algunos condenados por nexos con grupos ilegales, por homicidio y por el proceso 8.000, podrían pedir la libertad argumentando que los plazos establecidos para juzgar el hecho, ya vencieron. 

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El exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema Alfredo Gómez Quintero, dijo que esto significa que “todos los procesos viejos, inclusive los de parapolítica que se tomaron inicialmente, estarían indudablemente prescritos. En el proyecto no se establece una norma transitoria que subsane esta situación”.

Gómez Quintero añadió que “el efecto de la prescripción es que se extingue la acción penal, y por lo tanto la consecuencia inmediata es la libertad”, y así tendría que decretarse en el mismo auto de prescripción por parte del juez que revise el caso en segunda instancia.

El abogado Francisco Bernate concuerda con esta posición advirtiendo que según sus cálculos, todos los condenados por el proceso 8.000 y sobre quienes cae una sentencia desde el año 1976 hasta 1999, podrían beneficiarse con la prescripción, eliminándose estas condenas y generando una completa impunidad.

La prescripción en materia penal significa que transcurrido el tiempo, ya no se puede investigar o juzgar un hecho, y la única forma en que se interrumpe esa prescripción es con una condena en firme, pero si se abre la puerta para que estos casos puedan tener una nueva instancia, claramente la condena no estaría en firme y por ende sobrevendría el fenómeno de la prescripción”, indicó.

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“Podemos afirmar, que todos aquellos procesos que a hoy hayan sido fallados por la Corte en única instancia, antes del año 1999, estarían prescritos, todo el proceso 8.000 estaría prescrito y eso es una preocupación”, manifestó.

Algunos también señalan que esto tendría otros efectos que podrían amenazar el erario público, ya que según algunos juristas, también se abriría la puerta para que dichos condenados que se beneficien de la prescripción o cesación penal de sus delitos, puedan pedir una indemnización del Estado.

Ya el proyecto está radicado y muy seguramente este tema será valorado cuando empiece formalmente el debate de la iniciativa en el Congreso de la República. 

Este es el texto de la 'ley Andrés Felipe Arias':

Fuente

Sistema Integrado de Información

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