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Red de corrupción en la salud
Fueron señalados de haber incurrido en los delitos de concierto para delinquir, cohecho, prevaricato por omisión, uso indebido de información privilegiada, asesoramiento ilegal y falsedad en documento privado.
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El Congreso de la República aprobó, en último debate, un proyecto de ley que elimina toda clase de beneficios, como la casa por cárcel, para quienes cometan delitos de corrupción.

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Sin embargo, la votación de esta iniciativa estuvo rodeada de polémica por cuenta de que el senador Rodrigo Lara denunció la existencia de un 'mico' que suprime cualquier posibilidad de que se decrete la caducidad de un contrato cuando se cometen esta clase de delitos.

“Cuando un funcionario encargado de regir un contrato se encuentra con un acto de corrupción, debe decretar la caducidad, pero con esta ley se le ordena al funcionario que debe ceder el contrato, es un mega favor para los mega contratistas y es increíble que un proyecto anticorrupción se metan estos micos”, había dicho Lara.

Ante esto, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, respondió negando la existencia de un supuesto 'mico' de esa naturaleza en la iniciativa que está a punto de volverse realidad en el país.

Quedó demostrado que el senador estaba confundido porque es un artículo que no venía en el proyecto, ya había sido eliminado. Ahora, lo que pretende la figura es que  una vez una personas jurídica quede incursa en hechos de corrupción probados, pues se le declarará la caducidad del contrato y no tendrá derecho a indemnización, ni a cederlo a cambio de un beneficio económico”, aclaró la ministra.

El Gobierno también explicó que el proyecto decreta una serie de inhabilidades para las personas jurídicas y naturales que cometan delitos contra la administración pública, las cuales hasta de por vida tendrán prohibido celebrar contratos con el Estado.

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Este proyecto de ley fue incluido en las sesiones extraordinarias del Congreso de la República para que pueda ser aprobado en su etapa de conciliación, y asimismo pase a sanción presidencial antes del 20 de diciembre.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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