Modificación a la Ley de Garantías volvió a generar revuelo político

Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron el artículo del Presupuesto General de la Nación que introduce modificaciones a la Ley de Garantías para poder suscribir convenios interadministrativos en época electoral.

La iniciativa fue aprobada en medio de polémica y de denuncias de la oposición sobre una supuesta intención que tendría el Gobierno de favorecer a unos candidatos en las elecciones.

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El senador Iván Marulanda afirmó que se trata de una propuesta ilegal que tiene que caerse en la Corte Constitucional.

“Es evidente la inconstitucionalidad de esa norma y la avivatada que hay detrás de esa propuesta a sabiendas de que la Corte Constitucional la va a tumbar, pero quieren pasarla para gastarse ese dinero en las campañas políticas. Las condiciones de competencia electoral son tramposas a favor de un establecimiento político”, sostuvo.

Sin embargo, algunos congresistas defendieron este artículo bajo el argumento de que la Ley de Garantías no ha acabado la corrupción en Colombia y sí ha paralizado la puesta en marcha de varios proyectos.

El senador Carlos Meisel dijo: “A mí que no me digan que van a parar la corrupción prohibiéndole a un alcalde que no se busque dos o tres pesos para ponerle alcantarillado a un pequeño corregimiento que tenga bajo su jurisdicción, yo no puedo aplaudir esa mentira”. 

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La senadora conservadora Esperanza Andrade afirmó que se debe privilegiar la generación de empleo suprimiendo los efectos de la Ley de Garantías, pero solicitó que haya un acompañamiento permanente por parte de la Contraloría

“Creemos que sí se debe privilegiar la generación de empleo, pero no sin antes hacerle un llamado a la Contraloría General de la República para que desde ya se active un mecanismo especial para hacer un seguimiento a los gastos del Estado en los próximos meses y con miras a que en el proceso electoral se examine el tema de la contratación”, manifestó.

Integrantes de la oposición insisten en que lo que se aprobó fue un mico que le permitirá al Gobierno entregar mermelada para favorecer a sus candidatos en las elecciones presidenciales y por eso no descartan demandar este tema ante la Corte Constitucional.