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Elecciones presidenciales segunda vuelta 2018
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Colprensa

La Misión de Observación Electoral (MOE) envió a la Fiscalía la información de 485 donantes a campañas políticas que recibieron contratos públicos por valor de 169.000 millones de pesos en 183 municipios, principalmente en el departamento de Antioquia.

De acuerdo a la directora de la MOE, Alejandra Barrios, estos donantes habrían obtenido ganancias del 90% sobre lo que invirtieron en campañas políticas.

“Está información que le entregamos a la Fiscalía esta detallada con el número de contratos y la identificación de quienes realizaron las donaciones, que recibieron a cambio contratos con ganancias del 90% en relación a la donación entrega”, señaló Barrios.

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Según el informe entregado por la MOE, se encontró que 485 donantes hicieron 534 aportes a campañas políticas por una cifra cercana a los 4.400 millones de pesos (4.397.497.266) a candidatos a alcaldías y gobernaciones y recibieron en contratación 169 mil millones de pesos (169.466.621.063); esto equivale a 39 veces el dinero donado a las campañas.

La MOE aclara que esas maniobras de contratación pública no representa necesariamente delitos sino que, en su gran mayoría, podían ser faltas disciplinarias.

Según lo encontrado, “la contratación directa, la contratación hecha vía régimen especial y la de mínima cuantía, son características comunes en la información entrega a la Fiscalía".

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"Para la MOE es necesario que en todos los procesos de contratación se surtan procesos competitivos, transparentes y eficientes”, indica el documento.

De acuerdo a información obtenidas por la Misión de Observación Electoral, 423 financiadores privados donaron cerca de 3.500 millones de pesos y recibieron contratos por 15.131 millones de pesos. Esto equivale a 42 veces el dinero donado en campaña.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, alerta que en la actual reforma política que se debate en el Congreso de la República no consagra una medida para evitar esas prácticas de financiación para campañas políticas.

De acuerdo a esta investigación, "cerca de 100,000 millones de pesos fueron dados a personas posiblemente inhabilitados para contratar con el Estado".

Fuente

Sistema Integrado de Información

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