¿Nepotismo en el Gobierno? Nombramientos de familiares de ministros en entidades estatales
Por lo menos tres ministros tienen nombrados a familiares en entidades del Estado.
Por lo menos tres ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro tienen nombrados en entidades estatales a familiares de primer y segundo grado de consanguinidad.
Así lo evidenció RCN Radio, al revisar la actualidad en materia de contratación en las entidades estatales. En primer lugar, se encuentra Claudia Liliana Cortés López, administradora de empresas de la Universidad Nacional de Colombia y que cuenta con una maestría en ciencias económicas de la misma al máter. Es esposa del nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
De acuerdo a la planilla de aspirantes de la presidencia, Cortés busca ser la directora general de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA), adscrita al Ministerio de Agricultura. Su hoja de vida fue publicada el pasado 6 de junio a las 4 p.m.
Otro de los jefes de cartera que aparecen con familiares nombrados en entidades del Estado es Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud: se trata de Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, quien fue nombrada como superintendente delegada de salud, en abril de 2023.
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, tiene nombrados a dos de sus hijos nombrados en el Gobierno nacional así: Diego Alejandro Restrepo Ramírez como jefe jurídico de la USPEC desde abril de 2023 y Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez como contratista del Ministerio de Cultura, también desde principios de año.
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La baraja de nombramientos en entidades del Estado se cierra con la revelación que hace La Silla Vacía, dando cuenta de los contratos que tiene Julián Caicedo Cano, quien sería la actual pareja del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, otrora gerente de la campaña del presidente Gustavo Petro.
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Caicedo es administrador de negocios internacionales de la Konrad Lorenz y la revelación periodística da cuenta del nombramiento como asesor del Instituto Nacional de Vías (Invías) y un contrato por prestación de servicios en la Universidad Pascual Bravo de la ciudad de Medellín, institución denunciada por tercerizar contratación con la administración de Daniel Quintero.
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