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Una de las fundadoras de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres se mostró en desacuerdo con el proyecto del senador Milton Rodríguez.

Mujer en estado de embarazo
Mujer en estado de embarazo
Imagen de referencia, no corresponde al caso (Ingimage).

Toda una polémica ha causado la propuesta del senador John Milton Rodríguez, del partido cristiano Colombia Justa-Libres, sobre otorgar un mínimo vital a cada mujer que se encuentre en estado de embarazo, producto de una violación sexual.

El parlamentario sostuvo que este proyecto de ley, que será radicado en tres semanas, busca restituir los derechos de la mujer que haya sido víctima de una violación sexual, “salvaguardando la garantía de trabajo, estudio, salud  y la prestación de los derechos básicos de vida si están en condición de vulnerabilidad”.

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Sin embargo, varias organizaciones que están a favor de los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, se mostraron en contravía de la propuesta y la han calificado como un “subsidio a la violación”, dando un mensaje erróneo a los abusadores, pues este proyecto solo cobijaría a mujeres que hayan sido violadas y producto de ello queden en estado de embarazo.

Ana Cristina González Vélez, doctora bioética y una de las fundadoras de la Mesa por la Vida y a la Salud de las Mujeres afirmó que este proyecto no respeta la dignidad, la libertad y la autonomía de las mujeres.

“La verdad es que es tan indignante la proposición de este congresista que a veces me pregunto las razones de porqué estas personas están en el Congreso, porque estas razones no corresponden a la realidad de la vida de las mujeres”, indicó.

Para González, no es cierto que la mayoría de casos de aborto se den por falta de alternativas de las mujeres.

Manifestación de mujeres en favor del aborto, en Medellín
Manifestación de mujeres en favor del aborto, en Medellín
AFP

En Colombia la interrupción del embarazo es legal si la vida o la salud de la madre están en riesgo, si ocurre una malformación genética o en casos de violación sexual.

González aseguró que “más de la mitad de los embarazos en el país son no deseados y las mujeres que recurren a la interrupción voluntaria del embarazo porque así lo eligen (…)  porque pueden tomar varias decisiones: llevar adelante la gestación, interrumpir la gestación o dar a su hijo en adopción, así que el aborto es una de las alternativas legítimas que tienen las mujeres en nuestra sociedad”.

La doctora indicó que esta iniciativa va en contravía de la dignidad de las mujeres por lo que significa ofrecer dinero para no recurrir al aborto.

“Si el congresista pretende darle a estas mujeres un mínimo vital, entonces qué significa ofrecerles dinero a las mujeres que han sido violadas para que no interrumpan su embarazo, ¿significa que es más importante la vida en gestación que la propia vida de las mujeres, que su propio proyecto de vida y que haber sido víctima de una violación? ¿Significa una señal para los violadores, que dice ‘pues no se preocupen, si a una mujer la violan, vamos a darle dinero para que sostenga el fruto de esa violación’? se cuestionó González.

Por último, la fundadora de la organización Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres afirmó que lo que causa más indignación es que esta iniciativa significa que lo último que importa en esta ecuación son las mujeres, “porque ofrecerles una renta vital es tratarlas como úteros”.

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“Es casi como si a uno le dijeran, ‘alquile su útero para que tenga el producto de una violación, yo le pago, el alquiler que le voy a pagar es una renta mínima’, es indignante y con toda seguridad, este es un proyecto que espero que no prospere, pero en caso de que llegara mínimamente a prosperar, se va a encontrar con las mujeres y su conciencia sobre los derechos y sobre sus propios cuerpos”, manifestó.

Por último, la defensora de los derechos sexuales y reproductivos e igualdad de género, afirmó que “cuando las mujeres abortan, abortan porque justamente esa es una de las opciones y lo más grave de todo es que muchas mujeres que desearían interrumpir su embarazo en Colombia porque las han violado, no logran hacerlo y acaban teniendo una continuación forzada del embarazo, lo que sucede porque hay barreras culturales, sociales y en los servicios. Este tipo de medidas solamente entrar a reafirmar y a reforzar esas barreras culturales que les impiden a las mujeres tomar decisiones sobre sus cuerpos”.

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