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Colprensa

La decisión de la Corte Suprema de enviar a la Justicia Especial de Paz (JEP) el proceso que adelantaba contra el exgobernador del Cauca, Juan José Chaux por parapolítica, prendió las alarmas en el país.  

Esta decisión, según cuentan algunas fuentes a RCN Radio, podría permitir que los investigados por nexos con las Autodefensas no solo puedan obtener ciertos beneficios, sino que además puedan recuperar sus derechos para volver a hacer política y presentarse como candidatos al Congreso u otros cargos de elección popular.

El acto legislativo que creó la Justicia Especial para la Paz JEP, estableció que las sanciones emitidas allí no inhabilitan para hacer política, lo cual podría beneficiar a aquellos parapolíticos que sean aceptados, condenados, o sujetos de penas alternativas por parte de esa jurisdicción.

Esto significa que los procesados por estos hechos que terminen en la cárcel, estarían habilitados nuevamente al salir de prisión para ser elegidos.  

Las fuentes señalaron además que hay preocupación en algunas personas que participaron en las delegaciones que estuvieron en La Habana, que indican que la JEP fue diseñada para los exguerrilleros y agentes del Estado y no para los parapolíticos.

¿Qué dicen en el Congreso?

En el Congreso advierten que la decisión de la Corte Suprema es delicada, teniendo en cuenta que se abrió un boquete para que los parapolíticos que incluso ya fueron condenados, puedan beneficiarse con la figura del reemplazo de la sanción, o de las penas alternativas que quedaron estipuladas en la JEP.

El representante Hernán Penagos, quien fue ponente de la nueva jurisdicción, afirmó que “la JEP tiene tres tipos de sanciones: las ordinarias, las sanciones propias y las alternativas. Sí se aplican algunas de las propias y alternativas, cuyas condenas van de 5 a 8 años, podría ocurrir que en algunos de esos casos los magistrados de la JEP determinen que los derechos políticos no quedan limitados”.

El senador Juan Diego Gómez advierte que la recuperación de la elegibilidad aplicaría para los parapolíticos que cometieron delitos relacionados con el conflicto que cumplan los postulados de la JEP y se comprometan a contar la verdad y a reparar a las víctimas.  

“Por ejemplo, supongamos que un parapolítico está pagando pena en este momento, supongamos que la condena es a dos años, sale por pena cumplida, suscribe el acta de compromiso con la JEP y podría elegirse en las próximas elecciones sin ningún problema”, manifestó.

El senador Carlos Fernando Galán advirtió que se debe identificar muy bien cuáles son los parapolíticos que incurrieron en esa práctica con motivo del conflicto y cuáles por intereses personales.

“Que la Justicia revise quien realmente hizo parte del conflicto y quién no. El que hizo parte del conflicto debe confesar bajo qué categoría lo hizo, cómo lo hizo, repare a sus víctimas, confiese toda la verdad y pueda tener beneficios. El que simplemente sea un delincuente que quiera meterse a la JEP para favorecerse, no se debería permitir”, manifestó.

¿Qué dice el Gobierno?

Ante esta situación, el ministro del Interior Guillermo Rivera, respondió que esa es una decisión que su momento debe tomar la JEP.

“Nos parece que todo esto es una consecuencia de la norma constitucional que el Congreso aprobó. Eso deberá definirlo la JEP, no hay que anticiparte, hay que esperar que la JEP revise todos esos casos y resuelva”, manifestó.

En las últimas semanas se ha conocido que varios dirigentes políticos condenados y procesados por nexos con paramilitares, han pedido a la Justicia Especial de Paz revisar sus casos. Muchos dicen que estarían buscando habilitar nuevamente sus derechos para regresar a la política.

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