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Mesas de trabajo en la Comisión de la Verdad
Mesas de trabajo en la Comisión de la Verdad.
Cortesía: Twitter @ComisionVerdadC

La Corte Constitucional estudia una demanda que pide extender la vida de la Comisión de la Verdad que está ad portas de terminar sus tres años de funcionamiento desde su creación en 2017.

La demanda plantea que la pandemia por el coronavirus ha impedido el buen funcionamiento de ese organismo y el cumplimiento de sus funciones “de manera real y efectiva”

El aislamiento preventivo obligatorio declarado por el Gobierno Nacional impidió que la Comisión trabajara como lo venía haciendo hasta ese momento (…) pues los investigadores que se desplazaban a las regiones para obtener los testimonios de las personas que quisieran participar en el esclarecimiento de la verdad se vieron en la imposibilidad de hacerlo”, se lee en la demanda.

Igualmente se advierte que la pandemia ha “significado una barrera” para el proceso de toma de testimonios, pues no toda la gente tiene los elementos necesarios, ni las herramientas tecnológicas para una efectiva comunicación, como una buena conexión a internet.

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“Hay regiones donde la conectividad es de mala calidad y dado que no hay forma de garantizar la seguridad de los testimonios, las personas argumentan que virtualmente no pueden dar su testimonio por tratarse de asuntos de “altísima confidencialidad”, dice la demanda.

La demanda sostiene que de no extender la vida de la Comisión de la Verdad se estaría violando el Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc.

“Una interpretación literal de la disposición, que desconozca el efecto de la pandemia en la operación de la Comisión, desconoce el Acto Legislativo 02 de 2017 y viola el derecho fundamental a la verdad de las víctimas del conflicto armado”, dice la demanda.

Para los demandantes, lo anterior significa que todos los órganos, instituciones y autoridades están obligadas “por el mandato de cumplimiento de buena fe de lo acordado” por lo menos durante tres períodos presidenciales.

Así mismo advierten sobre la violación al derecho que tienen las víctimas del conflicto armado para conocer la verdad de “los hechos relacionados con crímenes atroces” con el fin de evitar que se “perpetúen situaciones de impunidad en el marco de las labores esenciales de justicia”. 

“La tarea de las misiones territoriales y de las Casas de la Verdad se ha visto obstaculizada por la situación global derivada de la pandemia de la covid-19”, dice la demanda.

El estudio del documento ya se encuentra en el despacho del magistrado José Fernando Reyes de la Corte Constitucional.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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