Plan Ágora priorizó zonas en alto riesgo en materia de seguridad por las elecciones
Las visitas del Grupo de Reacción Inmediata Electoral (Grie), empezarán el próximo 13 de septiembre.
El Ministerio del Interior confirmó que nueve municipios y regiones del país fueron priorizadas para el Plan Ágora, la iniciativa con la que el Gobierno Nacional busca garantizar la seguridad y transparencia en las elecciones regionales del próximo mes de octubre.
La estrategia liderada por las autoridades permitió identificar 130 municipios en alto riesgo y priorizó nueve municipios y regiones para llevar a cabo las visitas de las entidades que pertenecen al Grupo de Reacción Inmediata Electoral, (Grie), que empezarán el próximo 13 de septiembre en la ciudad de Barranquilla.
El plan confirmó que las zonas priorizadas son: Soledad (Atlántico); Cúcuta y Catatumbo (Norte de Santander); Arauca; Caucasia (Bajo Cauca Antioqueño), el su de Córdoba; Cali y Buenaventura (Valle del Cauca); Santander de Quilichao y norte del Cauca; Tumaco (Nariño); San Andrés Islas y Quibdó (Chocó).
Por su parte, la Unión Nacional de Protección (UNP), aseguró que de cara a este proceso electoral se han otorgado 236 medidas de protección, de las cuales 47 son candidatos a Gobernaciones, 8 a Asambleas Departamentales, 136 a Alcaldías, 42 a Concejo y 3 a la Junta de Administradora Local (JAL).
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Los partidos políticos que han recibido estas acciones de protección son el Centro Democrático con 36 unidades, el Partido Conservador (22), el Partido Liberal (18), Coaliciones (17), Mais (23), Grupos Significativos de Ciudadanos (119) y el Partido de Reivindicación Étnica (01).
En el marco de la implementación del Plan Ágora, las diferentes entidades del Grie han realizado 6 subcomisiones de protección para garantizar la transparencia y seguridad de los candidatos.
En las reuniones las regiones de Arauca, Cundinamarca, Córdoba y Magdalena, se pidieron trasladar y priorizar la atención por parte de la UNP, por amenazas y casos extremos.
Además se confirmó que la Unidad de Reacción Inmediata para Transparencia Electoral (Uriel), ha recibido 342 quejas ciudadanas relacionadas con violación al régimen de propaganda electoral y acceso a los medios de comunicación.
La Policía Nacional ha realizado 368 charlas de autoprotección, 1.130 recomendaciones básicas de seguridad y autoprotección y 112 trámites ante la Unidad Nacional de Protección.
De acuerdo con la Policía, la Fiscalía General y la UNP, durante la implementación del plan han ocurrido actos violentos contra los candidatos que dejan cinco homicidios (1 Alcaldıa y 4 Concejo) un secuestro de un candidato a la Alcaldía, 7 atentados de los cuales 3 ha sido dirigidos a candidatos.
También se han recibido 138 amenazas, de las cuales 10 han sido en casos de aspirantes a Gobernaciones, 79 candidatos a Alcaldías, 5 para Asambleas, 42 para Concejos y 2 para las JAL.
La Defensoría del Pueblo confirmó que el Sistema de Alertas Tempranas de esa entidad, identificó 402 municipios en riesgo (78 en extremo, 165 en alto y 159 en medio).
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Los Departamentos con mayor número de municipios advertidos son Antioquia, Chocó, Bolívar, Sucre, Nariño, Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca, La Guajira, Meta y Valle del Cauca.
La Fiscalía General de la Nación anunció además que 182 municipios fueron priorizados para estos comicios que se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre, que tendrán 60 fiscales de las 35 direcciones seccionales de administración pública que atienden denuncias o querellas relacionadas con delitos electorales.
La Procuraduría aseguró que 184 municipios tendrán biometría en sus puestos de votación, mientras que el Consejo Nacional Electoral ratificó que 628.654 de las 2.332.216 cédulas inscritas hasta el 18 de julio de 2019, no coinciden con las bases de datos de seguridad social (Registraduría Nacional del Estado Civil).
Según la entidad, los departamentos en los que podría configurarse una posible trashumancia, son Vaupés (49,3%); Boyacá (48,2%); Cundinamarca (47,1%); Chocó (47%) y Vichada (44,2%).
A esto se le suma el informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), que identificó los municipios en los que hay información relacionada con flujos financieros entre el crimen organizado y candidatos a las elecciones de octubre.
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