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El proyecto consagra además que la prisión perpetua sea revisable en un término no inferior a 25 años
El proyecto consagra además que la prisión perpetua sea revisable en un término no inferior a 25 años
RCN Radio

El proyecto de reforma constitucional que pretende instaurar en Colombia la figura de la cadena perpetua para sancionar los actos de abuso sexual contra menores de edad, arrancó su trámite en el Senado de la República.

A la iniciativa le restan dos debates en la Comisión Primera y en la plenaria de esa corporación, para que pueda ser una realidad en el país.

El acto legislativo entra a partir de este lunes en una carrera contra el reloj, teniendo en cuenta que debe salir adelante en su totalidad antes del 20 de junio, fecha en que termina la legislatura ordinaria.

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Si la propuesta no es aprobada en sus ocho debates, a más tardar en esa fecha, se hundirá de nuevo por tiempos en el Congreso de la República.

La Constitución establece que este tipo de reformas solo pueden ser debatidas en sesiones ordinarias y en dos periodos consecutivos, por lo cual es imposible que pueda ser incluida en el decreto de sesiones extraordinarias que emitirá el Gobierno para que el Congreso se ponga al día en el trámite de los proyectos.

Este lunes se lleva a cabo una audiencia en la Comisión Primera en la que son escuchados varios expertos constitucionalistas, organizaciones sociales y dirigentes políticos, para exponer su posición sobre este tema.

Algunos académicos se han mostrado en contra de esta propuesta. El exministro de Justicia Yesid Reyes indicó que “asumir anticipadamente 25 años antes que la ley que está vigente no va a funcionar, para con base en eso incrementar unas penas, es a mi modo de ver populismo punitivo".

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Por tanto, dijo, "propongo que esperemos hasta el 2045 y si en ese tiempo nos damos cuenta que la ley expedida en el 2005 no funciona, podemos tratar de revisarla”.

Sin embargo, Yohana Jiménez, hija de la fallecida senadora Gilma Jiménez, ha defendido esta reforma a capa y espada, advirtiendo que “no queremos más violadores de niños en las calles”, que atenten contra la integridad y la vida de los menores.

Según Jiménez, a este tipo de personas debe caerles todo el peso de la ley y no pueden gozar de ningún tipo de beneficio penal.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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