Presidente Petro ordenó agilizar proceso de implementación de la 'paz total'

En el Congreso de la República está avanzando el trámite de la Ley de Orden Público, que es la que le otorga facultades especiales al Gobierno para poner en marcha todo el proceso de implementación de la denominada ‘paz total’.

Fuentes confirmaron a RCN Radio que en la noche de este miércoles se adelantó una reunión de alto nivel en la Casa de Nariño, en la que se habló de este tema.

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La instrucción del presidente Gustavo Petro a las personas que estuvieron en esa reunión, empezando por los promotores de los proyectos de ley de paz total en el Congreso, fue agilizar todo el proceso para poner en práctica esta política de Estado.

Y es que la prórroga de la Ley 418 le da la posibilidad al Gobierno de adelantar procesos de negociación con organizaciones que tienen connotación política, como lo es la guerrilla del ELN, pero también tener algunos acercamientos con organizaciones criminales.

De hecho, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, ya tenido algunos contactos con líderes de las disidencias de las Farc, con el ánimo de explorar la posibilidad de iniciar algún tipo de diálogo con ellos.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, recientemente dijo que el Gobierno Nacional estará fijando unas condiciones mínimas que deberían cumplir estos grupos ilegales, para poder hacer una negociación.

“Se ha abierto la posibilidad de que tengamos diálogo con las disidencias, será una decisión del Gobierno en su momento sobre las condiciones que en su momento se planteen por parte del alto comisionado para la paz en torno a si vale la pena o no sentarnos (…) Van a tener que poner de su parte comenzando el cese de hostilidades a la población civil y pasando por compromisos muy serios que demuestren a Colombia que tienen voluntad de avanzar en la paz total”, indicó el ministro en su momento.

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El componente de paz total también incluye la presentación ante el Congreso del proyecto de ley de sometimiento colectivo de las bandas criminales, una norma que será fundamental para garantizar que los miembros de estas organizaciones se puedan acoger a la justicia a cambio de recibir algunos beneficios.