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Justicia
La justicia decidirá sobre este caso en 2019.
Foto: Ingimage

Una iniciativa académica que se discute actualmente en la Universidad Nacional  ha prendido las alarmas. Se trata del proyecto de reforma al Código Civil que busca ser unificado con el Código de Comercio. Aunque la intención de la iniciativa busca regular las relaciones entre particulares, lo cierto es que bien puede terminar siendo un riesgo para la estabilidad del Estado frente a la propiedad privada, según los entendidos.

Así lo advirtió el abogado Camilo Martínez Beltrán, un experto en temas de propiedad privada, al señalar que hay varios artículos que levantan cierta suspicacia frente a su objetivo final.

Martínez advierte que el bien más preciado con que puede contar cualquier Estado es su política y la misma regulación que tiene frente a la propiedad privada, pues se trata ni más ni menos de la seguridad jurídica con que pueden contar todos los ciudadanos.

En diálogo con RCN Radio, Martínez dijo que si bien este proyecto es promovido desde la Universidad Nacional y cuenta con el respaldo del Ministerio de Justicia, puede resultar un riesgo a futuro para el país.

En ese sentido, dijo que el artículo 270 atenta contra la propiedad privada al citar el supuesto derecho de terceros.

“Este punto es un riesgo cuando dice que solamente se respetará la propiedad privada que no afecte los derechos de terceros. Esa es una definición etérea y subjetiva porque los derechos de terceros planteada como un derecho general nadie lo puede saber”, sostuvo.

Además, el especialista citó el caso del artículo 268 donde se advierte que el propietario de un bien debe explotarlo conforme al bienestar social que califique el Estado.

“Ese artículo que implica que puede ser el Estado el que dispone y define cuál es el bienestar social. Con esto, alguien puede tener una casa de descanso y la usa para ese fin, pero el Gobierno considera que allí debe funcionar un fábrica. Con esto el Estado puede imponer el pago de los perjuicios que se generen”, explicó. 

De lo que se trataría entonces –a la luz de varios artículos de la reforma– es que las autoridades administrativas o judiciales pudiesen adelantar una serie de actuaciones, que actualmente pueden ser interpretadas como arbitrarias, en contra de cualquier propiedad privada. Igualmente, así las cosas, el interés del Estado pasaría a estar por encima de los derechos de los ciudadanos, lo que es conocido como un modelo de planificación central de la economía.

Fuente

Sistema Integrado Digital

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