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La medida redefine las zonas sagradas de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada.

El presidente Juan Manuel Santos en Bogotá
El presidente Juan Manuel Santos en Bogotá
Colprensa

El presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto de la “línea negra”, el cual redefine las zonas sagradas de las cuatro comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

El saliente mandatario defendió la medida al señalar que es una garantía de protección para los los grupos étnicos Koguis, Wiwas, Arhuacos y Kankuamos, de los de departamentos de César, Guajira y Magdalena.

Además Santos aclaró que el decreto de la “línea negra” no vulnera ni desconoce la propiedad privada y tampoco modifica la consulta previa.

“Este decreto de la 'línea negra' no es una imposición de culto ni credo ni religión, no vulnera la propiedad privada, no reglamenta ni modifica la consulta previa, ni mucho menos convertir a los grupos indígenas en autoridades ambientales”, recalcó Santos.

Santos manifestó que el decreto obedece al cumplimiento de lo ordenado en su momento por la Corte Constitucional para proteger a los grupos étnicos de la sierra.

“El objetivo del decreto es garantizar el acceso de las comunidades indígenas a las zonas sagradas, para que puedan realizar sus cultos y prácticas mágico religiosas”, puntualizó Santos 

El Jefe de Estado indicó que el decreto de la 'línea negra' consagra un seguimiento especial para su cumplimiento por parte de las autoridades municipales y departamentales.

“Se crea una instancia de protección al terrario de la línea negra, conformada por el gobierno nacional y los gobernadores del Cesar, la Guajira y el Magdalena”, recalcó el mandatorio.

Sobre esa iniciativa se han presentado varías críticas de diferentes sectores económicos la cuales pidieron al presidente Santos que se aclaren algunos puntos de ese decreto sobre la nueva delimitación de los terrenos indígenas.

Algunos dirigentes regionales señalaron sobre el decreto de la 'línea negra' que los puntos sagrados quedarían demarcados en 348 sectores como la Plaza Alfonso López, la Iglesia de la Concepción, las playas de Riohacha, el Pozo Hurtado en el Río Guatapurí y algunas bahías de Santa Marta.

Además las quejas también se han perfilado sobre la falta de socialización del decreto que impide que se discutan en qué van a quedar los proyectos de desarrollo empresarial en la región.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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