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La iniciativa, según sus proponentes, promoverá la imparcialidad y la independencia necesaria del Instituto.

Jorge Enrique Pizano, excontroller de la Ruta del Sol
Jorge Enrique Pizano, excontroller de la Ruta del Sol
Foto de Colprensa

En el Congreso de la Republica se radicó un proyecto de acto legislativo con el que se busca que el Instituto de Medicina Legal sea una entidad aparte de la Fiscalía General.  

La iniciativa 'Jorge Enrique Pizano", como fue bautizada por Gustavo Bolívar, uno de sus autores, pretende crear un nuevo artículo en la Constitución para modificar la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y terminar con su dependencia operativa y presupuestal de la Fiscalía general de la Nación.  

El proyecto se creó a raíz de que en los últimos años la Fiscalía ha tenido muchos escándalos de corrupción y nos preocupa que Medicina Legal sea un apéndice de esa entidad y que incluso el director sea nombrado por el mismo fiscal General”, explicó el senador de la lista Decentes. 

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La iniciativa, según sus proponentes, promoverá la imparcialidad y la independencia necesaria del Instituto, pues al ser la entidad encargada del soporte técnico y científico de la administración de justicia en las ciencias forenses requiere que se brinden las garantías necesarias para todas las partes en el proceso. 

“El proyecto también nació principalmente del Sindicato Nacional de Empleados de Medicina Legal, quienes tienen unas denuncias muy graves sobre compromisos de los diferentes directores que ha tenido el Instituto con los fiscales de turno”, aseguró Bolívar.  

El congresista también señaló que uno de los principales detonantes para radicar el proyecto fue la muerte de Jorge Enrique Pizano, testigo clave del caso Odebrecht, y su hijo Alejandro Pizano, hecho que produjo la renuncia del exdirector de Medicina Legal Carlos Valdés, quien posteriormente se postuló al cargo de libre nombramiento y remoción de asesor científico del fiscal.  

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Asimismo, según el escrito de la iniciativa, en el informe de rendición de cuentas del año 2018, periodo en el que ocurrió el caso Pizano y año en el que el Instituto estaba siendo centro de atención de la ciudadanía, se registraron seis denuncias de corrupción y se registró un incremento de los procesos disciplinarios al interior de la entidad.

El proyecto fue apoyado por varios congresistas, entre ellos Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, Temístocles Ortega de Cambio Radical y Antonio Sanguino de la Alianza Verde, entre otros.  

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